Jueves 14 de septiembre de 2006
Carta enviada por Cuauhtémoc Cárdenas
a la escritora Elena Poniatovska
Elena:
En la edición del diario La Jornada (página 8)
del 10 de septiembre aparece una nota encabezada
“Marcos y Cárdenas no apoyaron a AMLO por
envidia”, en la cual se te atribuye,
entrecomillada, la siguiente expresión: “Si
estos tres personajes [en el texto de la nota se
agrega a Patricia Mercado] se hubieran sumado,
si no se hubieran echado para atrás, no habría
la menor duda del triunfo de López Obrador, pero
no lo hicieron por envidia”.
No me corresponde hablar de las razones de
Patricia Mercado ni del subcomandante Marcos
para haber adoptado las posiciones que adoptaron
frente al proceso electoral reciente, pero puedo
asegurarte que no fue la envidia lo que los
motivó a actuar como lo hicieron, sino que,
entre otras cosas, sólo ejercieron su derecho a
pensar diferente.
En lo que a mí respecta, tu talento y
trayectoria me obligan a darte una respuesta,
obligadamente larga, de porqué no participé en
la campaña de la coalición Por el Bien de Todos
ni participo en la Convención Nacional
Democrática, que empieza por decirte que la
envidia no ha tenido lugar hasta ahora en mi
conducta, ni pública ni privada, y que nunca me
he echado para atrás frente a los compromisos
que he asumido a lo largo de una ya larga vida.
Con Andrés Manuel he compartido por años
propósitos y episodios importantes de la lucha
por la democracia en nuestro país. Nunca
exigimos incondicionalidad ni subordinación en
nuestra relación. El trato en los muchos
encuentros de los dos, puedo decirte, ha sido
cordial y respetuoso.
Mis desacuerdos o desencuentros con él no son de
carácter personal. Las diferencias que existen
entre ambos son relativas a las formas de hacer
y entender la política y sobre algunos aspectos
programáticos, acentuadas, ciertamente, cuando
se trata como hoy de los destinos del país y a
partir de que se iniciara el proceso que debía
conducir a la pasada elección del 2 de julio y
respecto al cual ambos definimos con
anticipación y públicamente nuestras posiciones
frente al país y a la ciudadanía, él a través de
sus “20 puntos”, sus “50 puntos” y del libro Un
proyecto alternativo de nación, yo mediante la
publicación de Un México para todos, de autoría
colectiva. Aun con esas diferencias, mi voto fue
por todos los candidatos de la Coalición, como
en su momento lo hice público.
Una de las discrepancias que resaltaría de esas
publicaciones es con relación al juicio que
hace, sin mencionar nombres, de la digna y firme
defensa del principio de no intervención y de la
paz que hizo Adolfo Aguilar Zinser como miembro
del Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas.
Al respecto, Andrés Manuel escribió: “Después
del triunfo de Vicente Fox, nuestra política
exterior se ha conducido con desmesura. El
resultado más notorio ha sido la afanosa
intervención en el Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en
la práctica sólo vino a complicar aún más
nuestra situación internacional”, lo que me
lleva necesariamente a preguntar si la política
exterior de México debe plegarse
incondicionalmente a la de Estados Unidos con el
fin de no complicarse y olvidarse entonces de la
defensa de los principios, de tomar decisiones
soberanas en función de los intereses del país y
de la dignidad misma de la nación, que gobierno
y ciudadanos estamos obligados a respetar y a
hacer valer.
Se dice también en ese proyecto: “Los sueños de
ver a México como gran protagonista en el
concierto de las naciones son sólo eso:
espejismos protagónicos para alimentar
ambiciones personales que nada tienen que ver
con el país real”, lo que me lleva a pensar que
se quieren desconocer los logros de la política
exterior mexicana como, entre otros, la
aprobación por amplísima mayoría de la Carta de
Derechos y Deberes económicos de los Estados, el
reconocimiento del derecho de los Estados a su
mar patrimonial o la participación en el Grupo
Contadora para lograr la pacificación de
Centroamérica, que implicaron el despliegue de
una gran actividad —y si se quiere llamar
protagonismo— de la diplomacia mexicana.
Encuentro como una grave omisión de un candidato
presidencial no tomar posiciones claras y
públicas respecto a cuestiones importantes,
tanto del momento como con consecuencias hacia
adelante.
Puedo citarte los casos siguientes respecto a
los cuales Andrés Manuel no se pronuncia todavía
y que quienes consideramos prioritaria la lucha
por el rescate y ejercicio pleno de la soberanía
y por la cabal vigencia de un Estado de Derecho
estimamos fundamentales: no ha habido una toma
de posición en relación a los contratos de
servicios múltiples de Petróleos Mexicanos;
tampoco respecto a la ilegal prisión y la
extradición hace unas cuantas semanas de seis
ciudadanos vascos.
Sobre la iniciativa Sensenbrenner, que de
llevarse a la práctica vulnerará los derechos de
miles o millones de mexicanos en exilio forzado
en Estados Unidos; la mayor y excesiva
militarización de la frontera común del lado
norteamericano, que constituye, sin lugar a
dudas, un acto inamistoso hacia México; la
iniciativa del Área de libre comercio de las
Américas del presidente Bush y la propuesta
alternativa de promover un acuerdo continental
de desarrollo.
La iniciativa de ley de sociedades de
convivencia, bloqueada en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal en los primeros
tiempos de su gestión; la falta de tacto y de
oficio diplomático en las relaciones del
gobierno mexicano con los gobiernos y Jefes de
Estado de Cuba, Venezuela, Argentina y Bolivia.
Reconocerás que en el círculo de colaboradores
cercanos de Andrés Manuel se encuentran algunos
de los que instrumentaron el fraude electoral y
la imposición en 1988 desde el gobierno, el
Partido Revolucionario Institucional, la Cámara
de Diputados y la Comisión Federal Electoral,
que impuso la banda presidencial a Carlos
Salinas el 1 de diciembre de 1988.
Además, el que instrumentó la privatización del
Canal 13 de la televisión; el que ha declarado
que el proyecto económico de Andrés Manuel es el
mismo que el de Carlos Salinas; el que pretendió
promover la reelección de éste. Pero a ninguno,
que se sepa, ha pedido Andrés Manuel explicación
sobre su cambio de piel política y ninguno la ha
dado públicamente.
Este mismo grupo es el que ahora, con algunas
adiciones, acompaña a Andrés Manuel en sus
nuevos proyectos y el de quienes podría pensarse
que formarían parte de su gobierno, que no sería
por sus antecedentes y falta de deslindes, un
gobierno identificado con los principios y las
luchas del PRD y de manera más amplia con
aquellos de la izquierda mexicana.
Sólo para argumentar sobre uno de los casos: de
seguirse la política económica del salinato, se
proseguiría con la enajenación del patrimonio
estratégico de la nación y con el
desmantelamiento de la planta productiva, se
pondría en práctica una política entreguista en
lo económico y de subordinación en lo político,
se profundizaría el desastre productivo y social
del campo mexicano, se mantendría acrecentado el
flujo migratorio masivo hacia Estados Unidos y
se haría cada vez más agudo el proceso de
concentración de la riqueza en pocas manos.
Por otra parte, no se podrá decir que no
manifesté oportuna y públicamente mi desacuerdo
con la postulación por parte de la coalición Por
el Bien de Todos, de la que el Partido de la
Revolución Democrática fue el eje, de candidatos
con posiciones públicas contrarias a los
principios del PRD, que nunca se deslindaron de
sus pasados políticos ni han explicado las
razones de su traslado al PRD o cómo concilian
un pasado antagónico con los principios del PRD
al haber aceptado una candidatura de éste, que
no los representa por sus trayectorias y
posiciones políticas públicas.
Ahí están, como muestra, algunos que fueron
candidatos y otros que ya son legisladores en
funciones. En este caso, voces como la mía y las
de muchos otros que sólo demandaban congruencia,
fueron simplemente ignoradas.
•••
En los últimos días de mayo hice público un
documento a través del diario La Jornada
denominado “Viendo hacia adelante: un camino
democrático y progresista para México”, en el
cual planteaba algunas cuestiones que me parece
fundamental que se lleven a la práctica en el
próximo sexenio, que pudieran ser consideradas
por los candidatos entonces en campaña.
No merecieron la mínima observación, ni en
sentido negativo ni en positivo, por parte del
candidato de la coalición y la misma actitud de
ignorar críticas, discrepancias e incluso
planteamientos coincidentes con su línea
política recibieron muchos de aquellos que por
largo tiempo han militado en el campo
progresista.
Digo en ese documento —y te lo reitero ahora—
que al no haberse dado relevancia a la
presentación y discusión de propuestas y
compromisos por parte de los candidatos a lo
largo de los meses de campaña, se hace necesario
insistir en pensar y discutir el país que
queremos, por encima de todo y antes que nada,
así como en cambiar radicalmente la forma de
hacer política, subordinándola a un proyecto de
país y no a la simple ambición de poder o a la
toma coyuntural de decisiones.
Entre las cuestiones básicas que no se
discutieron en el ir y venir de las campañas
estuvo la continuidad de la reforma electoral,
que después del 2 de julio y ante los serios
cuestionamientos que se han venido haciendo a la
calidad del proceso electoral se ve aún más
urgente, ya que a pesar de los muchos cambios
que ha sufrido la legislación correspondiente,
continúa inconclusa.
La gente reclama reducir y transparentar los
gastos de las campañas; reclama que se llame a
las cosas por su nombre, empezando porque las
supuestas precampañas se reconozcan como
campañas en la ley y en los cómputos de gastos y
tiempos electorales; reclama abrir la
posibilidad de candidaturas ciudadanas que no
tengan que pasar necesariamente por la
aprobación y gestión de los partidos políticos.
Además, facilitar el registro de nuevos partidos
políticos, sin que el registro represente acceso
automático a la asignación de dineros públicos;
restituir en la ley la figura de las
candidaturas comunes; reunir en no más de dos
momentos dentro de un sexenio, los procesos
electorales federales, estatales y municipales;
y establecer las dos vueltas en las elecciones,
tanto presidenciales como legislativas.
En materia de reforma electoral, la medida más
efectiva, aquella donde se encuentra la
principal respuesta a las exigencias populares,
la reforma más de fondo es hacer equitativos los
tiempos en los que partidos y candidatos tengan
acceso a los medios electrónicos de
comunicación, así como acotar los periodos en
los que pueda hacerse propaganda dirigida al
público, prohibiéndose a partidos, candidatos y
particulares comprar tiempos en los medios
electrónicos —televisión y radio comerciales— y
que éstos sean asignados por la autoridad
electoral de manera equitativa.
Lo anterior para que no sea el gasto mayor o
menor en la compra de tiempos lo que determine
la mayor o menor presencia de las alternativas
electorales que se ofrezcan a la ciudadanía al
través de esos medios. Así se tendrían campañas
equitativas y se lograría una reducción
sustancial de los tiempos y las erogaciones
públicas —y en su caso privadas— en las campañas
electorales.
Por otro lado, y también en relación con la
cuestión electoral, debe legislarse para
prohibir que en la publicidad que se hacen las
dependencias oficiales al través de los medios
de información —televisión, radio, prensa
escrita— aparezcan imágenes y nombres de
funcionarios, que si bien pudieron haber
participado en la promoción o ejecución de algún
programa o proyecto público, no hicieron sino
cumplir con su obligación y en su caso, con un
mandato ciudadano, pues fue irritante y ofensivo
en las precampañas, como creo te consta, ver
cómo candidatos o precandidatos de los tres
partidos de mayor presencia nacional,
despilfarraron a lo largo del sexenio y hasta
que dejaron sus cargos, dineros públicos para su
personal promoción político-electoral.
Es necesario comprometerse con reformar la
reciente y vergonzosamente aprobada Ley de Radio
y Televisión, recuperando para el Ejecutivo la
capacidad de normar la operación de los medios
de información electrónicos con sentido de
servicio público y de equidad, abriendo las
posibilidades, a partir de los avances
tecnológicos en la materia, de otorgar nuevas
concesiones a instituciones de educación
superior, gobiernos estatales y municipales,
organizaciones culturales y comunitarias y
sociedades comerciales sin vínculos con los
medios ya en operación.
Es ya oportuno también convocar a la revisión,
con sentido y procedimientos democráticos, de
las bases y los términos de nuestro pacto
federal.
De esa revisión habrá de surgir la nueva
Constitución que contenga la estructura y
competencias de la Federación, los estados, los
municipios y de los tres poderes de la Unión,
que considere los derechos ya ganados por los
mexicanos, sus nuevos derechos y los
procedimientos para que el ciudadano o las
colectividades hagan exigible su ejercicio
frente al Estado.
Una que esté concebida visualizando la presencia
de nuestro país en el mundo globalizado, que
establezca los cauces para el tránsito de una
democracia representativa plena, aún por
alcanzarse, a una democracia de amplia
participación social, así como los mecanismos de
consulta ciudadana, iniciativa popular y de
revocación de los mandatos, entre otras
cuestiones.
Lo que hasta aquí te he expuesto son algunas de
las razones que a mi juicio determinaron el
número de votos que obtuvo Andrés Manuel el 2 de
julio. Por estas mismas razones no creo, contra
lo que tú has declarado, que mi ausencia de los
actos públicos de la campaña haya provocado una
dramática disminución de las preferencias
electorales a favor de la coalición. Seguir
argumentando más sobre estas cuestiones, sería
entrar a un terreno estéril de especulaciones.
•••
Yendo a otros temas, me preocupa profundamente
la intolerancia y satanización, la actitud
dogmática que priva en el entorno de Andrés
Manuel para quienes no aceptamos
incondicionalmente sus propuestas y cuestionamos
sus puntos de vista y sus decisiones, pues con
ello se contradicen principios fundamentales de
la democracia, como son el respeto a las
opiniones de los demás y la disposición al
diálogo.
Me preocupa, asimismo, que esas actitudes se
estén dando dentro del PRD y en sus cuadros
dirigentes, pues se inhibe el análisis y la
discusión de ideas, propuestas y alternativas
entre compañeros, más allá de que esa cerrazón
se extiende también a lo que pueda llegar de
afuera del partido; que la conducción política y
las decisiones tomadas después del 2 de julio,
como el bloqueo de Madero, Juárez y el Paseo de
la Reforma —excluyo la ocupación de la plancha
del Zócalo— se estén traduciendo en pérdidas y
desgaste del movimiento democrático en lo
general y del PRD en lo particular.
Me preocupan los cambios contradictorios de
línea política: a un medio de información
norteamericano Andrés Manuel le declaró no ser
de izquierda, cuando había declarado serlo a lo
largo de precampaña y campaña. Por otro lado, el
10 de agosto pasado se publicó en La Jornada una
entrevista que hiciste a Andrés Manuel en la que
preguntaste: “Si llegaras a la Presidencia,
¿tendrías que moderarte?”.
A lo que respondió: “Si, la institución te lo
exige, yo lo haría. Es más, durante la campaña y
hasta ahora no he dicho cosas que pienso sobre
mi país, porque me he autolimitado, porque mi
rol es hasta ahora uno.Una vez que se resuelva
este asunto [el conflicto poselectoral], ya
veremos.
Pero muchas cosas me las guardé porque uno tiene
que actuar de una manera cuando es candidato y,
desde luego, actuar de otra manera cuando se es
Presidente, y de otra manera como dirigente de
resistencia social. Pero en cualquier
circunstancia uno tiene que mantener sus
principios. Es nada más un asunto de matices, de
moderación”.
¿Por qué entonces guardarse de fijar posiciones
y hacer propuestas, cuando era precisamente en
su calidad de candidato a la Presidencia cuando
se tenían que hacer definiciones que atrajeran
con lealtad y orientaran con rectitud el voto de
la ciudadanía? ¿No es principio básico de un
comportamiento leal y democrático actuar con
transparencia y hablar con la verdad? ¿Cómo lo
explicas tú?
En reciente documento suscrito por Andrés Manuel
se plantea que la convención que él ha convocado
para celebrarse el 16 de septiembre “decida si
el órgano de gobierno y quien lo represente, se
instale y tome posesión formalmente el 20 de
noviembre o el primero de diciembre de 2006”.
Aquí me surge la siguiente pregunta: si se
considera que el gobierno actual ha quebrantado
ya el orden constitucional ¿para qué esperar al
20 de noviembre o al 1 de diciembre, por qué no
empezar por desconocer a la administración en
funciones, como sucedió cuando el movimiento
constitucionalista encabezado por el Primer Jefe
Venustiano Carranza desconoció al gobierno
usurpador de Huerta, a los poderes Legislativo y
Judicial y a los gobiernos estatales que no
acataran el Plan de Guadalupe?
No pienso que así deba procederse. Hacerlo sería
un craso error, de altísimo costo para el PRD y
para el movimiento democrático en su conjunto.
Por el contrario, estoy de acuerdo con la
sensatez y sabiduría de Luis Villoro, que en un
artículo reciente dice que la discusión de un
proyecto nuevo de nación requiere de tiempo para
su debate y no puede aprobarse en un acto
declaratorio en el Zócalo, al calor de un
discurso, pues haría falta por lo menos la
consulta y la anuencia de delegados de toda la
República.
Es decir, agrego yo, de un amplio proceso de
análisis y discusión, que en función de un
proyecto de nación construido colectivamente en
la pluralidad y mediante procedimientos
democráticos, desemboque en la elaboración de
una nueva norma constitucional.
Villoro expresa también que “muchos no podemos
estar de acuerdo con nombrar un nuevo presidente
en rebeldía. Esto rompería, aunque sólo fuera
simbólicamente, el orden constitucional. Para
sostener una amplia y permanente oposición lo
que menos necesitamos son actos provocadores.
Lo que sí es necesario, pienso yo con muchos
conciudadanos, es caminar hacia la paulatina
realización de un nuevo proyecto de nación para
el porvenir cercano… Un proyecto de oposición
podría seguir ciertas ideas regulativas: una
nueva ley electoral; una nueva legislación sobre
los derechos de los pueblos indígenas;
resistencia contra la privatización de los
recursos naturales; lucha contra la corrupción;
ampliación de la educación en todos sus niveles;
lucha para disminuir radicalmente la
desigualdades económicas y sociales. Una
izquierda nueva podría aglutinarse, sin perder
diferencias, en las líneas de un proyecto
semejante”.
Como ves, con esta larga carta lo que hago es
defender el derecho a disentir, a pensar
diferente, a pensar que cuando se ha impedido ha
conducido a dictaduras, opresión, represión,
sectarismos e intolerancia, que estoy cierto, ni
tú ni yo queremos ver en nuestro país.
Muy atentamente
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano