¿Cómo podemos interpretar el hecho de que más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva, armados con armas de alto poder hayan prácticamente asaltado
violentamente las instalaciones de una radio comunitaria de la ciudad de Monterrey? El grupo policiaco acudió el pasado 6 de junio a cerrar la radio comunitaria Tierra y Libertad y a incautar el equipo de transmisión, la razón: ilegalidad, la radio no cuenta con la autorización oficial.

 

El Ministerio Público que atestiguó los hechos se negó a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar. Unas 200 personas defendieron la radio y lograron que no se llevaran a Héctor Camero, responsable de la estación, sin embargo, el Ministerio Público le advirtió que tendría que ir a declarar este viernes 13 de junio, sin mediar ningún citatorio por escrito, tal como lo marca la ley (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC).

 

La emisora Tierra y Libertad, de un vatio de potencia con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases populares al poniente de la ciudad de Monterrey, ha sido hasta hoy, y desde hace siete años, una radio comunitaria en la que se trataban temas de educación, de salud, culturales, de derechos humanos y laborales, así como de análisis político. Mucho se ha mencionado la  “ilegalidad” de esta emisora, sin embargo, la radio Tierra y Libertad solicitó el permiso para operar desde noviembre de 2002, en oficio recibido y sellado con fecha de 11 de noviembre de ese año por la oficina en Nuevo León, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que haya tenido respuesta alguna por parte de las autoridades (AMARC).

 

Imagínese usted el poder de comunicación de este medio, apenas cuatro kilómetros. ¿Qué amenaza podría representar para el Estado, para las autoridades o para los grandes monopolios de la comunicación? Ninguna, sin duda. ¿Por qué entonces el encono y la represión en contra de estas formas comunitarias de comunicación social desde abajo, desde el pueblo?

 

Estas acciones no son aisladas ni nuevas, hay un ataque sistemático que va desde el hostigamiento hasta el asesinato en contra de las radios comunitarias. Veamos algunos hechos que así lo demuestran: Hacia principios de la década de 1980 nace una radio entre la comunidad estudiantil de Guerrero, en una de las regiones con mayores problemas de desarrollo social, se le llamó Radio Universidad Pueblo e inicia transmisiones en el año de 1982, igual que Teocelo solicitó el permiso y cuando le fue negado se amparó legalmente para realizar por algún tiempo sus transmisiones hasta que fueron reprimidos violentamente por el aparato estatal del gobierno federal.
Radio Huayacocotla, en Veracruz, incluyó en su programación la participación de organizaciones indígenas, campesinas y sociales que promueven el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos indios en la región. Ese fue el pretexto para que la SCT suspendiera sus transmisiones en abril de 1995, con el argumento de que no cumplía los requisitos técnicos establecidos por la ley. Previamente, funcionarios del gobierno federal y estatal habían insinuado que la estación transmitía “mensajes cifrados” y “promovía la violencia”. Los mensajes cifrados no eran otra cosa que transmisiones en lengua nahua, otomí y tepehua. Tres meses después y luego de una serie de protestas que incluyó un desplegado con la firma de tres mil indígenas de la región, Radio Huaya fue reabierta.

 

Radio Bemba opera desde las instalaciones de la Universidad de Sonora, sin la aprobación de las autoridades universitarias; pretende crear un espacio para la sociedad civil y fortalecer la defensa de los derechos humanos, la información de salud, el rescate del medio ambiente, la equidad de género y la identidad. La estación es operada por los propios estudiantes, quienes reciben amenazas constantes de cierre por parte de la SCT y presiones de los concesionarios locales.

 

El 7 de abril fueron asesinadas en Oaxaca Felícitas Martínez y Teresa Bautista, jóvenes triques, reporteras y locutoras de la radio La Voz que Rompe el Silencio. De acuerdo con familiares y miembros de la radio, Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, dirigida por Octavio Orellana, fueron hostiles con ellos: “Nos dicen que Felícitas y Teresa ni siquiera eran periodistas, y que por eso la Fiscalía no puede supervisar la investigación del crimen, que es lo que pedimos, porque no queremos que nuestros hijos tengan este mismo problema”.

 

El propio Juan de Dios Castro acusó de enemiga del Estado a Aleida Calleja, vicepresidenta de AMARC, cuando ella encabezando a un grupo internacional de radialistas lo visitó para tratar el caso del asesinato de las dos periodistas de la radio comunitaria en Oaxaca, La Voz que Rompe el Silencio. Esto a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo.
La comunicadora y líder de radios comunitarias comenta: Independientemente del maltrato de ese funcionario, lo más preocupante es lo que significa el hecho en sí mismo, pues de él (Juan de Dios Castro) depende el área del gobierno mexicano que debiera investigar y sancionar a los agresores de periodistas. Si la actitud es tal, resulta comprensible por qué la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad.
Y así, la lista de hechos es interminable.

 

Las radios comunitarias representan una de las formas de comunicación social que desde la perspectiva del Estado y las clases dominantes, desafían la situación imperante. Y no tanto porque hagan uso del medio para “hacer la revolución”, sino simplemente porque escapan al control absoluto, omnímodo, omnipresente de las formas convenientes al y del Estado para operar desde abajo la comunicación social horizontal.

 

Los ataques a las radios comunitarias hacen ver las profundamente antidemocráticas prácticas de un Estado que se presume y asume como democrático.