Hoy en la palabra de...

 JAUÁTANI JUCHÁRI K’UMÁNCHIKUA

Bertha Dimas Huacuz *

esde hace más de sesenta años se habla en estas tierras del Lago de Pátzcuaro de los indígenas y de sus problemas y se escuchan las promesas de soluciones por parte de políticos y gobernantes estatales y nacionales. El Primer Congreso Indigenista Interamericano se celebro en esta ciudad en 1940, y de aquí partió la creación del Instituto Indigenista Interamericano y años más tarde la fundación del Instituto Nacional Indigenista (INI) (1948). El Centro Regional para la Educación Fundamental (CREFAL), institución pionera de carácter multilateral, fue establecido en esta provincia en 1950 para contribuir a eliminar el analfabetismo en México y los demás países de América Latina.

I.   SITUACIÓN DE NUESTRAS COMUNIDADES

La verdad es que al paso del tiempo y de los diferentes periodos gubernamentales y ciclos de vida de las instituciones, las condiciones de vida de nuestras gentes no han mejorado. Todo lo contrario. Nuestras comunidades subsisten ahora bajo condiciones cada vez más severas de pobreza, marginación y enfermedad así como de creciente vulnerabilidad ante los desastres naturales y las fuerzas de la economía externa. Y como posible defensa social solo muy pocos de nuestros jóvenes han tenido la oportunidad de ir a la escuela, educarse y terminar una carrera profesional.

Mientras se pronuncian discursos sobre el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, esta zona encara una trágica degradación medioambiental y ecológica y la deforestación y el saqueo de las riquezas de nuestros bosques persisten sin freno alguno. Continúan también los conflictos entre comunidades vecinas en las regiones de la Meseta y la Cañada de los Once Pueblos donde impera la ingobernabilidad y por disputas en la tenencia de las tierras comunales. Al mismo tiempo, ante la falta de educación y oportunidades de empleo, nuestros jóvenes –hombres y mujeres– tienen ahora que dejar atrás a sus familias y emigrar en busca del sustento, ya sea como peones agrícolas mal pagados en otras regiones del país o como jornaleros indocumentados que arriesgan todo por irse a trabajar “al otro lado”.

Desintegración social y comunal. Pero una de las situaciones más graves que padecemos es la división social que sucede tanto dentro de nuestros barrios y comunidades, así como entre las organizaciones y grupos de comuneros que han surgido a través de los años en la defensa de nuestras tierras y bosques y como agentes gestores ante las autoridades gubernamentales. Los indígenas Mazahua, Nahua, Otomí y P´urhépecha nos encontramos desunidos también porque a los gobiernos y partidos políticos les ha convenido mantenernos en esta situación. Además nos han inculcado que son las instituciones políticas y gubernamentales quienes habrán de resolver nuestros problemas.

II.   MISMO MODELO INDIGENISTA DE INTERVENCIÓN

El modelo de intervención de la administración gubernamental actual sigue siendo de corte esencialmente “indigenista”. Este indigenismo se fundamenta en las mismas acciones paternalistas, fragmentadas y localistas –y sin recursos garantizados– en lugar de orientarse a una integración y aumento de los activos sociales y económicos de las comunidades y de facilitar su reconstitución como pueblos. Los programas de incidencia sobre la pobreza de las comunidades rurales e indígenas son substancialmente los mismos, como es el caso de Progresa transformado en Oportunidades.

El modelo se basa –en la práctica–, en la publicación de “convocatorias” y operación de “ventanillas” para apoyos individuales; y en la creación de padrones de beneficiarios para subsidios fácilmente manipulables, en vez de favorecer el acceso y ejercicio directo comunal de los recursos. Bajo este modelo se nos obliga también a entregar cartas, peticiones y formularios en las diferentes oficinas de gobierno, solicitando que se nos otorguen los elementos básicos de salud y educación a los que tenemos derecho como cualquier ciudadano mexicano.

Mecanismo de intervención. El gobierno estatal opera a través de múltiples secretarías y de una “coordinación interinstitucional de atención indígena”. Pero esta dependencia cuenta con un perfil muy limitado y poco preciso; y opera a la sombra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, heredera de las prácticas y programas del INI. La coordinación indígena de Michoacán no tiene poderes ni presupuesto; ni capacidades verdaderamente normativas o recursos para la ejecución de programas de desarrollo. Como elemento de la burocracia estatal sus funciones son más de expansión de la presencia del Estado en las comunidades, en tanto los funcionarios indígenas asisten a eventos oficiales y culturales y sirven de apoyo logístico e intermediario en las visitas a la zona del titular del Ejecutivo y de su gabinete.

Además de estas graves limitaciones, la “coordinación indígena” no es, de ningún modo, una instancia representativa de los pueblos y comunidades indígenas. El Consejo Indígena con el que se complementa la estructura de esta Coordinación, es más un apéndice organizacional que una entidad rectora y para la transparencia de las acciones realizadas. Pero más lamentable, aún, es la ilusión de que los indígenas “ya estamos representados” en: “Un Gobierno para Todos”.

Estructuras básicas para la gobernabilidad. Ante estas condiciones, la “coordinación indígena” inhibe el necesario establecimiento de nuevas estructuras organizacionales (“comunidad de comunidades”) y auténticamente representativas, como sería el caso de un “consejo autónomo de representantes de bienes comunales”. Estas nuevas estructuras que nos hacen falta son las que nos ayudarían a poner en práctica la autogestión colectiva de los territorios y recursos patrimoniales de nuestras comunidades y para sentar las bases de una nueva economía rural.

III. OPORTUNIDADES PERDIDAS DE CAMBIO Y DESARROLLO

Políticos y gobernantes se siguen manifestando a favor de saldar la “deuda histórica” con los pueblos indígenas de Michoacán, mientras se continúa fomentando la explotación sistemática e irracional de nuestros patrimonios territoriales, materiales y culturales; esto en base a un modelo de desarrollo regional fundado en la comercialización turística de nuestras tradiciones y la conversión forzada de tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación.

Por las deficiencias intrínsecas del modelo, con triste orgullo Michoacán es puntero en expulsión de jóvenes y adultos en busca del sustento y líder nacional en las remesas monetarias que recibimos de estos migrantes, recursos que alivian temporalmente las necesidades más urgentes y esenciales de las familias, las comunidades y de la sociedad. Mas ¿por cuánto tiempo puede continuar esta situación de talento desaprovechado, desventuras familiares y pueblos desolados?

Otoño administrativo. Al haberse cumplido ya más de tres años de la administración gubernamental actual en Michoacán, grupos organizados de profesionistas, estudiantes, autoridades y comuneros indígenas, consideramos que éste es el momento justo para expresar nuestro descontento y decepción ante la falta de avances en materia de bienestar rural y la creciente inseguridad económica y social de la entidad.

¿Qué es lo que ha conseguido el actual gobierno estatal? Nada que sea digno de mencionar, objetivamente, cuando se juzga por las múltiples promesas de campaña y por los errores e inconsistencias de la administración. Esta afirmación toma en cuenta las cifras de recursos agregados supuestamente aplicados al desarrollo de las comunidades indígenas. Estas cifras incluyen tanto gastos en obras aisladas como los insignificantes y pulverizados apoyos para fertilizante, cemento, láminas de cartón; para el arranque de “proyectos productivos” de bordados y tejidos; y para gastos sociales, deportivos, culturales, médicos, funerales, etc.

Estos magros resultados están detallados en los tres últimos informes de Gobierno, y proclamados en declaraciones oficiales, notas periodísticas y campañas de mercadotecnia gubernamental.

Pero desde una perspectiva de resultados firmes e impacto para el bienestar rural, Michoacán permanece en el sótano del desarrollo. Está plenamente documentado que la nutrición infantil se ha deteriorado en Michoacán en los últimos años, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Nutrición; mientras que en base a los más recientes cálculos del Índice de Desarrollo Humano (de las Naciones Unidas) nuestra estado pasó de la posición número 28 a la 29 en el contexto de los 32 estados de la república. No hay repunte ni cambio de tendencias en los niveles de bienestar y desarrollo.

Reforma indígena. La fallida propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas promovida por el Ejecutivo Estatal, en confabulación con los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la anterior legislación, carecía de relevancia –en sí misma, de acuerdo a nuestras necesidades; y por ser una pésima copia de la reforma constitucional federal– la cual no nos iba a conducir a ninguna parte.

Una ley no puede decretarse con el abundante número de limitaciones ya identificadas de antemano. Es así que comuneros, estudiantes y profesionistas organizados tuvimos que bloquear su aprobación al último minuto en diciembre de 2004.

Mientras en Casa de Gobierno y el Palacio Legislativo se insiste en presentar una propuesta de reforma constitucional para Michoacán en esta materia, en la práctica seguimos siendo objeto de consulta, asistencia y atención y para nada tratados como sujetos de juicio y de derecho. Tendremos en consecuencia que seguir pugnando, “con nuestro necio empeño”, por el ejercicio de los derechos legítimos como pueblos indios y por revertir la contrarreforma constitucional indígena aprobada en 2001 con el voto sumado del ahora gobernador de la entidad.

Universidad indígena. Por otra parte, la así llamada “universidad intercultural indígena”que se pretende instalar (con sólo oficinas administrativas) en la ribera del lago, dista años luz del concepto de Universidad del Siglo 21; y está igualmente lejana de ofrecer lo que los estudiantes esperan para convertirse en profesionistas útiles y comprometidos. Lo que demandan los jóvenes (indígenas y no-indígenas) del interior del estado son centros de educación con aulas, albergues, laboratorios y bibliotecas, y la certeza de poder completar una carrera universitaria pertinente y de calidad y con reconocimiento oficial.

Con su abordaje de “diplomados” y la carencia de infraestructura física y de maestros competentes, la propuesta de universidad no responde tampoco a las urgentes necesidades estatales de cobertura educativa, y es deficiente, inclusive, cuando se le compara con el arranque de las otras universidades interculturales promovidas por el gobierno federal.

IV.TAREAS PARA ALCANZAR EL BIENESTAR DE NUESTRAS COMUNIDADES

Lo que dicta la experiencia de las luchas de las últimas décadas (en Santa Fe de la Laguna y muchas otras comunidades) y los limitados resultados de la presente administración gubernamental, es la necesidad de un cambio de actitud de nosotros mismos, al seno de nuestras comunidades. Necesitamos –por sobre todas las cosas– pensar y actuar en base a nuestros valores indígenas, colectivamente y por el bien de todos, teniendo una visión de largo plazo.

Autonomía de hecho y gobernabilidad regional. Esto involucra, primero que todo, luchar por el establecimiento de autonomías regionales plurales y diversas en el Lago, la Cañada, la Meseta, la Costa y las otras regiones indígenas del estado. Estas autonomías –de hecho– son esenciales para el ejercicio del pluralismo político-administrativo que sentaría las bases para una verdadera gobernabilidad rural comunal –económica, social, política, medioambiental–, y no para una simbólica representación interna y ostentación protocolar de bastones de mando.

Esta nueva gobernabilidad se fundamenta en nuestra percepción milenaria de la vida y la sociedad, y en los instrumentos y maneras de ejercer nuestros recursos colectivos: (i) propiedad comunal de tierras, territorios y patrimonio cultural; (ii) asambleas comunales y de barrio; (iii) cumplimiento de cargos y responsabilidades sociales; y (iv) ejercicio extendido de relaciones sociales y familiares, etc.

Tenemos, por lo tanto, que encontrar la manera de consolidar estos elementos en la integración de un nuevo y consistente tercer nivel de gobierno que represente, ante las instituciones e instancias exteriores, los intereses de nuestras comunidades. Este nivel gubernamental consistiría en –y estaría delimitado por: (i) la agregación territorial de zonas geográficas con población predominantemente indígena; (ii) la suma organizacional de comunidades individuales (colindantes o separadas); y (iii) el ejercicio de las funciones de un nuevo tipo de “municipio”, regido y organizado bajo esquemas comunales de representación. Estas acciones serían componentes de un proceso tendiente a la reconstitución del pueblo Purhépecha y de los otros pueblos indígenas de Michoacán.

Junto con el sentido de pertenencia y los elementos valiosos de nuestras lenguas, culturas e historias, la autonomía indígena y la organización comunal son los puntales del anhelado bienestar y de la dignidad de nuestros pueblos y comunidades. Esta organización autónoma es el único patrimonio, verdaderamente perenne, que podemos heredar a nuestras futuras generaciones.

Tareas de las partes. En la búsqueda de una verdadera mejoría social e institucional y ante los conflictos con los que nos encontramos en las comunidades –“focos rojos”– del estado, luchemos, de manera prioritaria, por:

(a) El pleno reconocimiento de nuestros pueblos indígenas como tales, en base a una reforma constitucional integral a nivel nacional, y por lo tanto: de la aceptación jurídica de nuestro derecho a asociarnos como comunidades; de reconstituirnos como pueblos; y de ejercer una autonomía en regiones territoriales para la gestión de nuestros recursos;

(b) La garantía de auténtica participación y representación política, y de ejercicio autónomo de la justicia en su sentido más amplio;

(c) La garantía para los habitantes rurales e indígenas del acceso a todos los niveles educativos y de salud, los cuales deben ser de la mayor calidad y sin discriminación. Estas acciones deben ser implementadas por estructuras autónomas con la participación de maestros, médicos, enfermeras y otros profesionistas indígenas bilingües; y

(d) Que se modifique de raíz la propuesta absurda de “universidad intercultural indígena” que se pretende establecer, y se realice un proyecto integral de educación a todos los niveles, con inversiones específicas, y donde la autonomía indígena se fortalezca, recíprocamente, con la autonomía universitaria.

Estas acciones demandan una Reforma del Estado antes que una “reforma indígena” estatal; y requieren de antemano una coherencia de gestión que no se ha manifestado por parte del gobierno actual de Michoacán.

“La Otra Campaña”. Por todo lo aquí expuesto, que intenta resumir las quejas, demandas y aspiraciones de la gente sencilla y humilde de nuestras comunidades, y las discusiones que hemos sostenido entre los representantes de los diferentes grupos indígenas, tenemos que comprometernos a propiciar el acercamiento de las diversas organizaciones sociales, culturales y políticas, conscientes y comprometidas, así como de las autoridades comunales y de los profesionistas y estudiantes de los cuatro pueblos indígenas de la entidad.

Estas acciones –como el Segundo Foro Regional de la Alianza Indígena de Michoacán (en formación) celebrado en Santa Fe de la Laguna el día 31 de julio de 2005– se tendrán que seguir realizando con el objetivo fundamental de pugnar por la creación de un verdadero Consejo Autónomo de Autoridades Comunales, representativo y elegido en asambleas donde participen comuneros y comuneras sin la injerencia de partidos políticos ni de los funcionarios del gobierno.

Las tareas son vastas, pero el futuro nos pertenece.

Y la ruta a seguir no se determina con listas detalladas de carencias ni pliegos petitorios. Los caminos de San Andrés son los de las campañas permanentes por la organización independiente, la exigencia del reconocimiento de nuestros derechos, y la lucha por la reconstitución de los pueblos indígenas de México y Michoacán: ¡Uétarishïndi ueénani jauátani juchari K’umánchikua!

Barrio de San Pedro Urhépati, Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México, a los 16 días del mes de agosto de 2005

* Mujer P’urhépecha es médico, especialista en salud pública, y comunera de Santa Fe de la Laguna. En respuesta a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, este texto es una versión ampliada de su alocución durante el “Segundo Foro Regional” de la Alianza Indígena de Michoacán (31 de julio de 2005). Artículo publicado en La Jornada Michoacán los días 17 y 18 de agosto de 2005.