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AUTONOMÍA INDÍGENA Y GOBERNABILIDAD
EN MICHOACÁN
Bertha Dimas Huacuz (*)
VIVIMOS
EN UN MUNDO INHUMANO, plagado de conflictos y zonas de
desastre que irrumpen en la escena día tras día.
Principalmente en el hemisferio sur del globo terráqueo,
pequeñas y grandes catástrofes naturales y crisis locales y
regionales se multiplican por intereses geopolíticos y
económicos; por acciones injustificadas de genocidio y
“limpieza étnica”; por cacicazgos y el control de
territorios y las fuentes estratégicas de recursos
naturales, así como por las desigualdades sociales y
económicas existentes. Estas situaciones que ocurren en
otras latitudes, se presentan también en México, e incluso
en Michoacán, con ejemplos vergonzosos de matanzas de
campesinos e indígenas, expulsión forzada de familias y
despojo de sus tierras, conflictos derivados de la
explotación ilegal del bosque por terratenientes, y “focos
rojos” ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia
comunal.
I. Ingobernabilidad y Violencia en Michoacán
Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecuciones, y
no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades
rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas,
nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y
seguridad tanto en las ciudades y centros económicos
principales (La Piedad, Morelia, Uruapan) como en las zonas
rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro estado.
Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue de
armas largas, son clara demostración de una severa falta de
gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden.
Las estadísticas de los ejecutados en lo que va del año, ya
sea que hayan ocurrido en lugares remotos o a la vuelta de
la esquina de nuestros vecindarios, son ya motivo de seria
preocupación.
Es conveniente dejar claramente asentado que los conflictos de
Michoacán no son privativos de la Meseta P’urépecha ni
necesariamente resultado de la intransigencia o falta de
civilidad de los habitantes de las comunidades indígenas. En
este mismo sentido, las riquezas forestales de Michoacán no
se encuentran amenazadas por las hachas y machetes de
campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno,
para cubrir sus propias necesidades. La amenaza constante es
de las sierras eléctricas de las bandas organizadas que
sistemáticamente saquean el bosque en complicidad con
algunas autoridades municipales, estatales y federales, las
cuales operan equipadas con vehículos todo-terreno,
teléfonos celulares y armas de alto poder.
La ausencia de “gobernabilidad” en Michoacán no debemos entenderla
solamente como un resultado de conflictos aislados sin mayor
importancia y eventos fuera del control de los entes
gubernamentales, como se argumenta y pretende justificarse
acerca de la presencia del crimen organizado en territorios
michoacanos. Por el contrario, los tristes hechos de Cherán
Átsikurhin en los últimos días, que sucedieron a la
demostración de firmeza y valentía de las mujeres de la
Meseta en contra de los talamontes que asedian la región,
nos obligan a replantear elementos que consideramos son
clave para el bienestar de nuestras comunidades, empezando
por las acciones necesarias para que terminen los conflictos
por las disputas de tierras comunales –utilizando la
negociación y el derecho– y aplicando más la buena práctica
que las académicas teorías sobre el desarrollo que manejan
asesores que desconocen el estado en que se encuentra la
entidad.
Todo planteamiento debe poner en correcta perspectiva la realidad de
Michoacán, con respecto del lento y errático ritmo de su
desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de los
índices sociales, económicos, educativos y de salud).
Destaca, entre ellos, la extensa ubicuidad del fenómeno
migrante, el cual inicialmente era rural, indígena y
campesino, mas ahora es ya también urbano e incluye asimismo
a personas con estudios superiores.
Estamos además convencidos de que para evitar la violencia, las muertes y
los encarcelamientos de jóvenes y gente inocente, se deben
tomar en cuenta las convivencialidades inherentes y
naturales de las poblaciones rurales e indígenas, y sus
elementos comunitarios intrínsecos de unidad, riesgo
compartido y resolución colectiva de problemas, y nunca
jamás las intervenciones policiacas y militares.
II. Principios y Propósitos de la Gobernabilidad
La falta de gobernabilidad en nuestro estado es de origen por la limitada
comprensión de la función misma del buen gobernar en su
sentido más amplio. La ingobernabilidad va más allá de las
funciones específicas de administración que no son
ejecutadas con la transparencia, efectividad y probidad como
debería ser, ya sean estas relativas a la formulación de
planes y programas de desarrollo o a la asignación de
presupuestos y su ejecución. Pero incluso en estas
funciones, y por lo que corresponde a las comunidades
indígenas, es generalizado el reclamo por la ausencia de
atención personal del C. Gobernador, aunque aun así sin
garantía, como se demuestra por los múltiples pendientes sin
solución.
La gobernabilidad, por definición, comprende las
tradiciones, instituciones y procesos que determinan la
manera en que el poder es ejercitado, la forma en que los
ciudadanos pueden expresar sus voces, y el modo en que las
decisiones son tomadas y ejecutadas, en la práctica, acerca
de los asuntos de interés público. Gobernabilidad no es un
sinónimo de gobierno; ni los problemas de política pública
(que son intrínsecos a esta condición) son sólo de
preocupación o responsabilidad gubernamental, sino de todos
los actores sociales, entre los cuales el gobierno es uno de
los tantos participantes. Y servir es la obligación del
gobernante.
Uno de los principios clave de la buena gobernabilidad
consiste en la libre determinación, expresada de manera
material en la autonomía; y ésta en la territorialidad
político-administrativa. Aquí, sencillamente, se aplica el
principio básico de la administración pública de que lo
local es y debe ser manejable por los que ahí habitan. Esto
es relevante tanto para ciudades grandes y municipios
importantes, como para la más pequeña unidad administrativa,
como sería el caso de una jefatura de tenencia. Y un
entendimiento separado y análisis completo, merecen los
asuntos de la gestión de los territorios y de los recursos
naturales, principalmente por lo que se refiere a las
regiones y comunidades pobres y marginadas con bosques bajo
tenencia comunal.
Cabe aquí mencionar la falta de sensibilidad y la precaria
planeación regional que se ejerce en Michoacán, en tanto que
se ha negado sistemáticamente cualquier discusión seria por
parte del Legislativo y del Ejecutivo sobre la importancia
de la creación de nuevos municipios que se requieren en
regiones específicas para, así, activar las economías
regionales y la consolidación de la gobernabilidad local
comunal.
III. Autonomía Indígena y Gobernabilidad Comunal
Respetar el concepto de municipio indígena autónomo es uno de los
pendientes principales para la gobernabilidad de los pueblos
y comunidades indígenas de Michoacán. Y junto con éste,
entre los asuntos fundamentales pendientes de respuesta
satisfactoria, se incluyen además: el reconocimiento a la
libre determinación y autonomía de los pueblos y
comunidades; la garantía de la tenencia, uso y usufructo
comunal de los recursos naturales; y la integración de
nuestras poblaciones a las vertientes principales de la vida
económica y social del país, en condiciones de respeto e
igualdad.
Debemos, en consecuencia, apoyar el re-establecimiento de estructuras
organizacionales, auténticamente representativas, como sería
el caso de un “consejo autónomo de representantes de bienes
comunales”. Estas estructuras nos hacen falta. Ayudarían a
poner en práctica la autogestión colectiva de los
territorios y recursos patrimoniales de nuestras comunidades
y cimentar las bases de una nueva economía rural.
Es por estas razones que se debe dar paso, como parte de las
acciones de La Otra Campaña y de la organización
independiente de las autoridades comunales, al ejercicio de
autonomías regionales y comunales plurales y diversas. Estas
autonomías –de hecho– son condiciones necesarias para la
creación de estructuras institucionales auténticamente
representativas en nuestros territorios, las cuales permitan
el ejercicio de pluralismos político-administrativos para
una verdadera gobernabilidad económica, social,
medioambiental, y no sólo para una simbólica representación
interna, ostentación protocolar de bastones de mando y
procuración menor de justicia.
Esta nueva gobernabilidad se fundamenta en nuestra percepción milenaria
de la vida y la sociedad, en los instrumentos y maneras de
ejercer nuestros recursos colectivos: propiedad comunal de
tierras, territorios y patrimonio cultural; asambleas
comunales y de barrio; cumplimiento de cargos y
responsabilidades sociales; ejercicio extendido de
relaciones sociales y familiares, entre otros.
Se debe pugnar, por lo tanto, por la integración de un nuevo y
consistente tercer nivel de gobierno que represente, ante
las instituciones e instancias exteriores, los intereses de
nuestras comunidades. Este nivel gubernamental consistiría
en –y estaría delimitado por: (i) la agregación territorial
de zonas geográficas con población predominantemente
indígena; (ii) la suma organizacional de comunidades
individuales (colindantes o separadas); y (iii) el ejercicio
de las funciones de un nuevo tipo de “municipio”, regido y
organizado bajo esquemas comunales de representación.
Esto daría lugar al ejercicio, no solamente de facto sino también de
derecho, de una jurisdicción indígena –inédita en el
contexto de las promesas de políticos y gobernantes
(incluyendo a los candidatos en campaña por la presidencia
de la República)–, la cual comprendería las áreas claves
para la auténtica gobernabilidad comunal: organización
comunal interna, salud pública y medio ambiental, educación
y servicios sociales, procuración de justicia, desarrollo
económico y gestión de los bienes de todos, y comunicación y
patrimonio cultural.
Las acciones enlistadas, en su conjunto, serían componentes
de un proceso tendiente a la reconstitución del pueblo
Purhépecha y de los otros pueblos indígenas de Michoacán. En
suma, la autonomía indígena es una condición esencial e
imprescindible para poder materializar un nuevo pacto social
Estado-pueblos indios, pero en condiciones de respeto,
igualdad y dignidad.
IV. Jimbánerani Uinhápikua –
Razones y Aspiraciones del Zapatismo Indígena en Michoacán
Es el tiempo de la definición de nuevos rumbos para el autentico
bienestar de las comunidades urbanas, rurales e indígenas de
México y Michoacán. Es la hora de construir la “obra negra”
de aquellas estructuras institucionales indispensables para
la organización auténticamente representativa de nuestras
comunidades.
Es el momento de abandonar la actitud del “pliego petitorio” y de
denunciar las componendas. El tiempo de dejar de ser objeto
de consulta, asistencia y atención; y de exigir ser tratados
como sujetos de juicio y de derecho. El tiempo del rechazo a
las lisonjas y a los pequeños premios por nuestra
obediencia, por agachar la cabeza, por hacer la
reverencia…Es el momento de caminar unidos con la cabeza
erguida, con firmeza, honra y decoro.
La Otra Campaña es ante todo una manera diferente de ver y entender las
cosas, máteru jásï erátsekua. Es a la vez un llamado –con el
tañido de nuestras propias campanas locales y regionales– a
la autonomía de espacio, territorio, pensamiento y acción.
Es por la construcción de una comunidad de comunidades, y en
defensa de los derechos territoriales, comunales y humanos
de sus habitantes. Es de apoyo solidario a la biodiversidad
y la diversidad cultural de los Mazahua, Nahua, Otomí y
P’urépecha, y de los demás pueblos indígenas de nuestro
país.
La Otra Campaña es para acabar con el México de los milagros, de las
especulaciones y de las promesas incumplidas; para erradicar
de una vez por todas la manipulación, la mediatización y la
compra de inconformidades. Es para desterrar la arrogancia
de los anuncios espectaculares y las lonas publicitarias de
mercadotecnia gubernamental; todas ellas constituyen una
afrenta insensible ante la pobreza de miles de familias del
campo y de la ciudad, y un insulto al buen juicio de la
ciudadanía.
La Otra Campaña es una iniciativa de nuevas prácticas políticas sin
trucos ni efectos especiales; de reflexión y debates
acústicos, sonoros, en la busca de las respuestas que se
merecen los reclamos de nuestros jóvenes y las quejas de la
gente humilde de nuestros pueblos.
La Otra Campaña es para darle forma y contenido al zapatismo indígena del
siglo 21, el de la recuperación definitiva de nuestros
bosques y territorios. Es para hablar en plural y en nuestra
lengua. Para el florecimiento de la sabiduría comunal y
compartida. Para caminar serenamente y sin angustia por las
calles y veredas de nuestros barrios y comunidades.
La Otra Campaña es para que nuestros hijos se atrevan a
conocer de cerca el horizonte. Para que sean ellos los
autores de su propio futuro. Sin mitologías. Para construir
una nueva, emancipada y justa nación.
¡Májku xanhárani juchari uinhápikua jimbó!
Barrio de San Pedro
Urhepati, Santa Fe de la Laguna, Michoacán, a los 15 días de
marzo de 2006.
(*) De origen P’urhépecha, la autora
es médica, especialista en salud pública, y comunera de
Santa Fe de la Laguna. Recibió el Premio Nacional de
Periodismo José Pagés Llergo 2004 y 2005. Artículo publicado
en La Jornada Michoacán los días sábado 18 y domingo 19 de
marzo de 2006.
Contraportada: Rayuela:
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/03/18/planitas/contra.pdf
Primera Parte:
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/03/18/opinion.html
Segunda Parte:
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/03/19/opinion.html
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