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Por: Martín Equihua
En
el crucero de las Tres Esquinas del municipio de Paracho, el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel, nos expresó en medio de un
ventarrón, que lamentaba la aprobación –cuando fue senador-
de la llamada Contrarreforma Indígena del 2001, pero
sostiene que fue así porque su posición quedó en minoría en
la reyerta de la fracción parlamentaria, y que no le quedó
más que acatar el resultado y votar en bloque. “Hubiera
preferido un voto libre, a conciencia”, dice el ex
legislador, quien reconoce que ha tenido que afrontar las
“consecuencias” de aquel acto legislativo. Y es cierto, a él
y a su partido los acusaron de traición a una lucha
histórica sintetizada en los emblemáticos acuerdos de San
Andrés, y en su traducción técnico-jurídica, la iniciativa
de la ahora vetusta COCOPA. Ese ha sido “el mayor error
político que he cometido”, nos dijo a la sombra de su
helicóptero.
Pero
aclara que no comparte el sentido de la contrarreforma,
porque cree que se necesitan acciones “más radicales” a
favor de los pueblos indígenas; una reforma integral, tanto
de orden constitucional, como legal e institucional. Sin
duda que eso suena muy bien, pero de qué se trata, le
preguntamos, dicho sea en tiempos, acciones, recursos,
materia evaluable pues; porque hasta ahora, seguimos oyendo
de millones y millones de pesos para las comunidades, y en
la realidad hay una pulverización de los mismos, aplicados
bajo infinidad de programas dependientes de muchas
instituciones, lo que resulta en una dispersión caótica e
intrascendente que no corresponde a las legítimas
prioridades de las regiones, y menos a la perspectiva del
fortalecimiento de instancias propias encaminadas a la
autonomía.
El
gobernador sostiene que en efecto la actual estructura de
los municipios es inapropiada para compactar recursos,
porque son muy desiguales entre sí -con más o menos
comunidades indígenas-, lo que no favorece una política
articulada, “eso lo tengo bien claro”, sostiene el también
antropólogo, y asegura que será parte de una reforma de
mayor trascendencia que seguirá impulsando en su gobierno.
REFORMA PREVIA, A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL
Pero
mientras llega la reforma anunciada, es posible avanzar en
algunos puntos, como la reforma institucional de la
Coordinación Interinstitucional para la Atención de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, la que deberá tener mayor
jerarquía –dice el gobernador, quien a manera de reprimenda
comparativa, señala que esa jerarquía “también se construye
con la gestión misma: ahí está el caso de la coordinación de
atención a migrantes, un caso muy positivo”.
Sobre
el Consejo Consultivo indígena, “deberá tener a mi juicio”,
decisiones de distribución de presupuesto, definición de
prioridades, es decir, ser más ejecutivo que consultivo,
garantizando que no se monopolice, que no sea una
simulación, para que pueda ayudar a resolver conflictos, a
conciliar, con solvencia política y moral, “eso se puede
adelantar antes de una reforma integral”.
EL
SUBSECRETARIO DE LA SRA
Mientras tanto, no es que uno sea aguafiestas, pero parece
que el Sector Agrario, con la señora (SRA) por delante,
sigue haciendo mucho ruido para pocas nueces, en la
pretensión de resolver de una vez y para siempre, la
telaraña de 48 conflictos agrarios en La Meseta “antes de
agosto”, según los plazos que nos presumió el subsecretario
de la Reforma Agraria, Rolando Ocampo Alcántara. Es decir
que, para jugar un rato con los números, tendrían que
“resolver” a razón de nueve y pico por mes; por si fuera
poco, en tiempo de campañas y de la Otra Campaña.
Ocurre
que la semaforizada metodología del ex colaborador del
extinto Francisco Ruiz Massieu, y ahora destacado foxista,
Florencio Salazar Adame; olvidó incorporar señales de
intermitencia, precaución y siga, o lo que es lo mismo,
entender que no es suficiente la plata para lograr
conciliación, porque además los focos rojos están
anclados en zonas indígenas que ven en la tierra mucho más
que la “valuación de sus hectáreas”. Por eso, de pronto se
extrañan que comunidades como Ocumicho se nieguen a negociar
y se empecinen en recuperar las casi 500 hectáreas que dicen
haber heredado desde siempre, y que no permitirán que se
queden en manos de ejidatarios de Tangancicuaro.
Sin
embargo, con los recursos presupuestados para la
conciliación del foco de La Meseta, debería integrarse un
Fondo de reserva para que, sin prisas, continúe la
conciliación hasta que se alcancen acuerdos duraderos, “para
siempre”, como suelen decir en la región, y no como aquellos
que quedan latentes por las prisas de una buena foto para la
prensa, como el clásico contemporáneo –por así decirle-
entre ejidatarios de Zacatecas e indígenas tepehuanos de
Durango, quienes disputan miles de hectáreas en Bernalejo y
Pajaritos. Por no conciliar desde la raíz, es conflicto
soterrado, y para no ir lejos, tenemos a Cocucho y Urapicho,
una paz que reclama real aplicación de recursos
semaforizados. Un fondo que no tenga la prisa del cierre
sexenal, bajo alguna fórmula jurídica que se podría
gestionar, porque recursos para generar fuentes de empleo se
necesitan sin duda.
Al
subsecretario le preguntamos por cierto, si en esta
administración, y especialmente a partir de que activaron el
semáforo agrario, han podido corroborar aquella vieja
acusación de que la Reforma Agraria en algún tiempo, de
manera deliberada “encimó los planos para mantener ocupadas
en pleito a las comunidades”, y lo que asegura Ocampo
Alcántara es que el reparto agrario duró muchos años y eso
trajo complicaciones, aunado a los precarios métodos de
medición de las tierras; aunque “no sabría decir con
exactitud si hubo tal perversidad”. Parece que es tiempo de
que se haga un juicio histórico sobre ese asunto que ha
recorrido la geografía agraria de los conflictos.
EL
DELEGADO DE LA SRA
Pero
en realidad quien tiene la clave para entender que el
semáforo dará a luz, con o sin dolor en este sexenio que se
extingue, es Alfonso Quintero Larios, delegado estatal de la
señora, quien asegura que es un gran avance la “conclusión”
de seis de los 54 conflictos de La Meseta, y que, aunque no
lo creamos, se está conciliando en los restantes 48, donde
tienen “trabajos muy avanzados”.
Si las
comunidades aceptan las propuestas mediadoras en curso, se
hará convenio de conciliación, lo ratificará el tribunal y
cada quien pasa a cobrar a la caja sus agravios; pero que si
no hay acuerdo, tendrían que sujetarse al Tribunal Agrario.
Es decir –y de esta forma se entiende todo-, aunque vayan al
Tribunal “el programa les atendió, y como no tenemos la
obligación de resolver sólo por ese camino, pues el programa
concluiría y los atendió a todos”.
Según
su apreciación, “la mayoría conciliará”, aunque tal vez
entre los más avanzados estén San Juan y Carapan, que en
días más podrían ponerle el cascabel al gato; Comachuen y
Tingambato, que estarían “muy avanzados” y Pamatacuaro y
Tarecuato, que parecía inminente, pero aquellos lo han
vinculado al cumplimiento de su viejo anhelo de convertirse
en municipio. Estaría también en proceso Angahuan-San Juan
Nuevo, porque este con particulares ya se habría resuelto.
Entre
los más críticos, el delegado destaca a Ocumicho con
ejidatarios de Tangancicuaro. Y por si hubiera duda,
sostiene que por dinero no pararán, pues “el señor
secretario nos ha instruido para que no nos detengamos por
recursos”, dice, de los que ya se han gastado 40 millones en
los seis conflictos resueltos; mientras que para las 22 mil
hectáreas que aun están pendientes, podrían gastarse mucho
más, pero que pesos y centavos, hay.
Sin
embargo, opiniones como las de Waldo Villanueva, presidente
de Tingambato, aseguran que la SRA le ha hecho falta
“empaparse y no ser parcial en su posición, ese es el
problema, le han dado mucho sesgo con eso de los límites”,
ellos saben cual es el punto fino y no lo han atendido, “por
qué, sólo ellos saben, sobre todo cuando hay recurso”.
EL
COMBURINDA SIGUE HERIDO
El propio Villanueva insiste en su reclamo para que
se detenga la tala sobre el cerro Comburinda. Se está
tumbando parejo, asegura, sin ningún miramiento, están
devastando, haciendo quemas dizque controladas, “no paran,
es gente de tierra caliente que está comprando, como lo
hemos dicho mil veces”.
Hace
unos días subimos al pequeño y empinado cerro de Jicalán y
por allá encontramos a un vigilante forestal, un señor con
mochila al hombro, binoculares, cuchillos y una vista de
águila exploradora para buscar humo en las montañas de la
región. Me aseguró que ahora ha habido más incendios que el
año anterior, y me señaló los puntos. En los cerros de La
Charanda y de La Cruz que se ven al norte de Uruapan, en el
Colorado un poco más al oriente, en el Comburinda que luce
al fondo del oriente como la gran cortina que es; en las
faldas del Taré Tsurhán, también al norte; en todos lados, y
como viejo hombre de cerro, conocedor de la historia de esas
montañas y de sus agresores, no tiene duda: “Yo no sé cuando
van a parar esto. Ayer en la tarde, los Méndez quemaron allá
por el pedregal, atrás del río, y cuando llegó la brigada se
escondieron. Hace unos días ellos mismos quemaron por detrás
del cerro de La Cruz, los pocos pinitos que quedaban”. Y lo
dice de verdad, y señala así mismo por el rumbo a Zirahuén,
y sostiene, “allá están metiendo maquinas, tumbando parejo,
pero no hacen nada”.
Así es
señores. Parece una canción pero es cierto: la marcha de la
frontera aguacatera no tiene freno y es a costa del bosque
de pino; aun es tiempo de frenar esa tendencia, esa tragedia
ecológica. ¡Créanlo! Pregunten al viejo vigilante forestal,
él lo sabe bien.
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