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LOS “CAÑONES DE AGOSTO” (EN MICHOACÁN)

Por: Bertha Dimas Huacuz

ivimos en un mundo inhumano, plagado de conflictos, nuevas amenazas y zonas de desastre que irrumpen en la escena día tras día. Principalmente en el hemisferio sur del globo terráqueo, pequeñas y grandes catástrofes naturales y crisis locales y regionales se multiplican por intereses geopolíticos y económicos; por cacicazgos y el control de territorios y las fuentes estratégicas de recursos naturales, así como por las desigualdades sociales y económicas existentes.[1] Cuando las imágenes televisivas de algún cataclismo, que ocurre en cualquier lugar de la Tierra, apenas desaparecen, una nueva tragedia toma su lugar.  

I. INGOBERNABILIDAD Y VIOLENCIA EN MICHOACÁN 

Estas situaciones que ocurren en otras latitudes, se presentan también en México, e incluso en Michoacán, con ejemplos vergonzosos de matanzas de campesinos, obreros, e indígenas, expulsión forzada de familias y despojo de sus tierras, conflictos derivados de la explotación ilegal del bosque por terratenientes, y “focos rojos” ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal.  

Vulnerabilidad y Expulsión Medioambiental 

En este contexto, tengamos en cuenta que muchas de las familias rurales pobres del mundo están en esta condición, para empezar, como resultado de los mencionados despojos y expulsiones de las mejores tierras; y subsisten ahora en zonas marginadas, terrenos erosionados de semidesierto o ladera empinada, y, por lo tanto, poco aptas para la actividad agrícola.  

De esto se deriva –en conjunto con una descapitalización acumulada por muchos años en sus activos productivos–, una vulnerabilidad incrementada (social, económica, medioambiental) que padecen estas mismas familias del campo (muchas conducidas por mujeres), tanto a los fenómenos económicos como a las catástrofes naturales. De aquí la proliferación de los “refugiados medioambientales”, que pueden ser migrantes de México, Haití o cualquier otro país, a los cuales no les queda sino abandonar las parcelas con que cuentan de tierras tan pequeñas o erosionadas y desnudas de toda vegetación. Esto ocurre cotidianamente y sin remedio aparente, “cuando el suelo se muere y la noria se seca”[2]. 

“Ajustes” y “Levantamientos” 

Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecuciones, y no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas, nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad, tanto en las ciudades y centros económicos principales de Michoacán (Apatzingan, La Piedad, Morelia, Uruapan), como en las zonas rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro estado. Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue de armas largas, son clara demostración de una severa falta de gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden. 

Las aumentadas estadísticas de individuos ejecutados en lo que va del presente año, que son ya casi el doble en comparación con las del año pasado para el mismo periodo, tanto a nivel estatal como nacional, y las nuevas formas de “ajuste” y agresión, ya sea que hayan ocurrido en lugares remotos o a la vuelta de la esquina de nuestros vecindarios, son ya motivo de seria preocupación.[3] Pero es aún más alarmante el control que las bandas organizadas ejercen de zonas geográficas y sobre los cuerpos policiacos. Alarmante es, igualmente, que el ritmo de captación de nuevos reclutas por la delincuencia organizada resulte ser mayor que el de los numerosos ejecutados. También en Michoacán tenemos a nuestros niños y jóvenes de la guerra.[4] 

Es conveniente dejar claramente asentado que los conflictos de Michoacán no están únicamente relacionados con el narcotráfico o con los múltiples asuntos agrarios pendientes. Los conflictos tampoco son privativos de la Meseta P’urhépecha, ni resultado de la intransigencia o falta de civilidad de los habitantes de las comunidades indígenas. La michoacanización de la violencia, comprende, además, enfrentamientos entre grupos antagónicos de choferes de unidades del transporte urbano en la capital del estado, protestas públicas y toma de edificios universitarios por los movimientos de jóvenes rechazados, ante el limitado acceso a la universidad y otras instituciones educativas, a la vez que protestas sindicales de maestros y otros trabajadores. El conflicto de la siderúrgica Lázaro Cárdenas–Las Truchas, continuado después del intento de desalojo de los obreros en huelga, con la pérdida de dos vidas humanas, sigue sin solución. 

Talamontes contra Comuneros 

En este sentido, es importante insistir que las riquezas forestales de Michoacán no se encuentran amenazadas por las hachas y machetes de lo campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno, para cubrir sus propias necesidades. La amenaza constante esta dada por las sierras eléctricas de las bandas organizadas que sistemáticamente saquean el bosque en complicidad con algunas autoridades municipales, estatales y federales, las cuales operan equipadas con vehículos todo-terreno, teléfonos celulares y armas de alto poder. Esto ocurre en todas las zonas forestales, ya sea en el refugio de la mariposa monarca, como en la Cañada de los Once Pueblos.[5] Esta es una situación de gestión de los recursos naturales crecientemente fuera de control, que habla ya de “una comunidad llena de fantasmas –no de gente–, sino de la naturaleza. Un paraíso perdido.”[6] 

Los tristes hechos de Cherán Átsikurhin, anteayer, con un niño de Ahuiran asesinado a campo abierto frente a su padre; y los de marzo pasado, con enfrentamientos a balazos entre talamontes y miembros de los cuerpos policiacos (resultando en la muerte de uno de estos últimos), nos obligan a replantear asuntos que consideramos son clave para el bienestar de nuestras comunidades rurales e indígenas. Se tienen que considerar, para empezar, las acciones necesarias para que terminen los conflictos por las disputas de tierras comunales. 

Pero, todo planteamiento en este sentido, debe poner en correcta perspectiva la realidad de Michoacán, con respecto del lento y errático ritmo de su desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de los índices sociales, económicos, educativos y de salud). Destaca, entre ellos, la extensa ubicuidad del fenómeno migrante, el cual inicialmente era rural, indígena y campesino, mas ahora es ya también urbano e incluye asimismo a personas con estudios superiores. 

El Campo Michoacano 

Las capacidades de “aguantar” del campo michoacano son extremadamente limitadas, principalmente cuando se examinan las condiciones de la agricultura tradicional, temporalera y de autoconsumo; se analizan las debilidades de los programas actuales de desarrollo rural; y se toman en cuenta las cargas de trabajo y responsabilidades extremas de las mujeres campesinas e indígenas. Esta capacidad del campo de sostener por sí mismo los requerimientos mínimos de subsistencia de los habitantes de los miles de rancherías y comunidades indígenas de Michoacán, ha sido rebasada décadas atrás. Así lo demuestran los paisajes de vulnerabilidad y pobreza, lo reducido e irrelevante de la infraestructura social y productiva existente, y la débil educación y organización al nivel de base.  

De igual manera, las capacidades actuales de generación de empleo y riqueza en las varias regiones económicas no son suficientes, como se ejemplifica por la baja capitalización y elevada fragmentación de las parcelas; por lo inadecuado y extremadamente modesto de la vivienda rural; y por la muy alta intensidad migratoria de nuestro estado. 

Las “Crisis de Agosto” en la Entidad  

La entidad ha caído en una trampa difícil y profunda. Una trampa de escaramuzas políticas en las calles y las escuelas, de indígenas asesinados a mansalva en el monte, de ejecutados a luz plena en el núcleo comercial de la capital, así como de mensajes de advertencia transmitidos con los cadáveres de individuos apenas victimados y desmembrados.  

Son estas crisis separadas –“nunca graves, entre particulares, y todas bajo control”, pero desgraciadamente cotidianas–, las que con mucha probabilidad pueden un día coincidir en una sola reacción en cadena, mostrando abiertamente la cara de la represión, y amenazando la estabilidad de la entidad y del país. Se trata de una trampa de la cual, hasta hoy, parece no haber salida.[7] 

II. PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS DE LA GOBERNABILIDAD 

La falta de gobernabilidad en nuestro estado es de origen por la limitada comprensión de la función misma del buen gobernar en su sentido más amplio. La ingobernabilidad va más allá de las funciones específicas de administración que no son ejecutadas con la transparencia, previsión, efectividad y probidad como debería ser, ya sean éstas relativas a la formulación de planes y programas de desarrollo o a la asignación de presupuestos y su ejecución. Pero incluso en estas funciones, y por lo que corresponde a las comunidades indígenas, es generalizado el reclamo por la ausencia de respuesta y solución, como se demuestra por los múltiples pendientes bajo el modelo dominante de “atención a la demanda”. 

Una Definición Indispensable 

La gobernabilidad, por definición, comprende las tradiciones, instituciones y procesos que determinan la manera en que el poder es ejercitado, la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus voces, y el modo en que las decisiones son tomadas y ejecutadas, en la práctica, acerca de los asuntos de interés público. Gobernabilidad no es un sinónimo de gobierno; ni los problemas de política pública (que son intrínsecos a esta condición) son sólo de preocupación o responsabilidad gubernamental, sino de todos los actores sociales, entre los cuales el gobierno es uno de los tantos participantes. Y servir es la obligación del gobernante. 

            Uno de los principios clave de la buena gobernabilidad consiste en la libre determinación, expresada de manera material en la autonomía; y ésta en la territorialidad político-administrativa. Aquí, sencillamente, se aplica el principio básico de la administración pública de que lo local es y debe ser manejable por los que ahí habitan. Esto es relevante tanto para ciudades grandes y municipios importantes, como para la más pequeña unidad administrativa, como sería el caso de una jefatura de tenencia.  

Gobernabilidad Medioambiental 

En la misma dirección, el concepto específico de gobernabilidad medioambiental y económica, fundamentado en los procesos e instituciones que se requieren para tomar decisiones acerca del medio ambiente, y la gestión y aprovechamiento de tierras y territorios, es central en este contexto. 

Normalmente se reconoce que las listas de especies en riesgo de extinción y los múltiples habitats que resultan degradados, año con año, son señales de fracasos medioambientales, pero muy raramente se aceptan como resultado de fallas de gobernabilidad (UNDP, et al, 2003). Y en este contexto al igual que en el del desarrollo en general, son las decisiones humanas las que cuentan. 

Pero en Michoacán se continúa fomentando la explotación sistemática e irracional de nuestros patrimonios territoriales, materiales y culturales. Esto en base a un plan inadecuado y sin visión de desarrollo regional estatal, fundado en la comercialización turística y privada de nuestras tradiciones, y el despojo y la conversión forzada de tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación. 

Por lo que un entendimiento separado y análisis completo, merecen los asuntos de la gestión de los territorios y de los recursos naturales, principalmente por lo que se refiere a las regiones y comunidades pobres y marginadas con bosques bajo tenencia comunal. Cabe aquí hacer referencia explícita a la gran extensión de las áreas forestales del país y la entidad, y a la estimación oficial de que más de doce millones de habitantes de comunidades rurales e indígenas viven en regiones forestales bajo condiciones de marginación y muy alta marginación; esto a pesar de ser propietarios de más del sesenta por ciento de los bosques y selvas de la nación.  

Planeación Relegada           

Se debe igualmente mencionar la falta de sensibilidad y la precaria planeación regional que se ejerce en Michoacán, en tanto que se ha negado sistemáticamente cualquier discusión seria por parte del Legislativo y del Ejecutivo sobre la importancia de la creación de nuevos municipios que se requieren en regiones específicas para, así, activar las economías regionales y la consolidación de la gobernabilidad local. 

Pero mientras la prosperidad de cientos de comunidades rurales se encuentra restringida por razones históricas, territoriales, de dotación de recursos naturales, y por la dominación que ejercen las cabeceras municipales, el gobierno estatal afronta el tema de la “remunicipalización”, más en la línea de un ente tributario, recaudador de rentas fiscales, que de entidad promotora del desarrollo. Esta actitud se mantiene sin considerar el gran valor que los así llamados servicios ambientales (e.g., agua y aire) de los bosques de la Meseta P’urépecha y otras regiones, prestan a la sociedad en general. Estos servicios, más bien, deberían justificar transferencias mayores de recursos –y la gestión autónoma de estos– para salir del rezago en el que se ha mantenido a estas comunidades hasta la fecha. 

Cambio de Paradigma 

Por otra parte, estamos además convencidos de que para evitar la violencia, las muertes y los encarcelamientos de jóvenes y gente inocente, hace falta un cambio radical del paradigma de actuación gubernamental y ciudadana, pasando de la omisión o la reacción tardía, hacia la prevención.[8] En la base de los preceptos básicos de la salud pública, este nuevo paradigma establece que el vivir en paz y en armonía es mucho más que solo conseguir la ausencia de la guerra o de las plagas y las enfermedades. Por eso, la prevención de conflictos es una solución anticipada y superior que cualquier respuesta a las emergencias y a la reconstrucción después de las catástrofes. 

Para esto se deben tomar en cuenta, también, y sin menosprecio, las convivencialidades inherentes y naturales de las poblaciones rurales e indígenas, y sus elementos comunitarios intrínsecos de unidad, riesgo compartido y resolución colectiva de problemas, y nunca jamás las intervenciones policiacas y militares.[9] 

Autonomía Indígena y Gobernabilidad Comunal 

Respetar el concepto de municipio indígena autónomo es uno de los pendientes principales para la gobernabilidad de los pueblos indígenas de Michoacán. Y junto con éste, entre los asuntos fundamentales pendientes de respuesta satisfactoria, se incluyen además: el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades; la garantía de la tenencia, uso y usufructo comunal de los recursos naturales; y la integración de nuestras poblaciones a las vertientes principales de la vida económica y social del país, en condiciones de respeto e igualdad.  

Por esto se debe dar paso al ejercicio de autonomías regionales y comunales plurales y diversas. Estas autonomías –de hecho– son condiciones necesarias para la creación de estructuras institucionales auténticamente representativas en nuestros territorios, las cuales permitan el ejercicio de pluralismos político-administrativos para una verdadera gobernabilidad económica, social, medioambiental, y no sólo para una simbólica representación, ostentación protocolar de bastones de mando y procuración menor de justicia. 

III. UNA OFENSIVA DE PAZ 

El más apremiante de los anhelos humanos es conseguir el habitar en un mundo sin pobreza y libre de la angustia que ésta genera. Por eso tenemos que oponernos decididamente tanto a las guerras que se libran con cohetes y bombas “inteligentes” como a las que se combaten por medio de los “niños de la guerra”. La guerra que es verdaderamente inevitable es la que debemos librar por la eliminación de la pobreza y la marginación en todas sus manifestaciones (ONU, 2004). La nuestra, es un acto en defensa de la vida y la biodiversidad así como de los monumentos y tesoros históricos de la antigüedad en cualquiera de las zonas de conflicto, y en contra del exterminio masivo de poblaciones y especies animales y vegetales. 

Para tener éxito, en esta guerra, se requiere de armas de salvación masiva en lugar de las convencionales armas de destrucción masiva (Jeffrey Sachs). Estas armas de salvación masiva son, entre otras, el agua limpia, las medicinas y las intervenciones de salud y sanidad medioambiental a nivel comunitario, además de la educación, los conocimientos y las tecnologías que de ahí se derivan. Son, en suma, todos los activos estratégicos (tecnológicos, económicos, organizacionales) (IFAD, 2001), de los que han sido despojados –o se les han negado a los habitantes de las comunidades empobrecidas. 

Por lo que corresponde a nuestras líneas de batalla más cercanas, en la Meseta P’urhépecha, el Oriente, la Costa o la Cañada de los Once Pueblos, no nos queda más que continuar luchando para prevenir los conflictos sociales de nuestro país y de Michoacán, movilizando “nuestros recursos naturales y materiales para producir bienestar en vez de miseria, y paz en vez de guerra (Lázaro Cárdenas del Río)”. 

Invocación

 Ante las amenazas cotidianas del atraso social y de la angustia y pesadumbre que sufren hombres, mujeres y niños de las zonas marginadas y empobrecidas de nuestra nación, invoquemos solemnemente que el desarrollo —y lo que este concepto, como profecía, puede augurar de justicia material, seguridad y libertad— no sólo es la primera línea de defensa, es el nuevo, único y verdadero nombre de la Paz.

         Barrio de San Pedro Urhépati, Santa Fe de la Laguna, Michoacán, a 20 de agosto de 2006.

 REFERENCIAS

 FREEMAN, Laurie (2006)

Estado bajo asalto: la narcoviolencia y corrupción en México. Las consecuencias indeseadas de la guerra contra las drogas. Informe especial de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

IFAD (2001)

Enabling the Rural Poor to Overcome Their Poverty. Strategic Framework for IFAD 2002-2006. Rome: International Fund for Agricultural Development of the United Nations.  

ONU (2004)

Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio. Organización de las Naciones Unidas: Nueva York. 

RAMÍREZ, M. Isabel y Raúl Zubieta (2005)

Análisis regional y comparación metodológica del cambio en la cubierta forestal en la Región Mariposa Monarca. Reporte Técnico preparado para el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca. México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 

RICO MORA, Tomás N. (2006)

¿Agrarismo del Siglo 21? México: Las Dimensiones Estratégicas del Desarrollo Rural Comunal. Documento de trabajo, verano de 2006. Morelia: Centro de Estudios de Libre Discusión.  

UNDP, et al (2003)

World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and power. Nairobi, New York, Washington, DC: United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, World Bank, World Resources Institute. 

World Vision (2005)

Global Future (first quarter 2005). Monrovia (California)