Cherán: causas de gravedad

Escribió: Ramón Guzmán Ramos

Los argumentos que hasta ahora se han manejado por parte del gobierno del estado y del Congreso local con respecto a la demanda de desaparición de poderes en el municipio de Cherán se caen por sí solos. Que no hay pruebas sobre la responsabilidad del Ayuntamiento en los hechos que han originado un fuerte movimiento de oposición de parte de la comunidad indígena de ese lugar, cuya causa es acogida ya por otras comunidades de otros lugares de la entidad. Que la desaparición de poderes podría convertirse en un mal precedente, en un mal ejemplo a seguir por otros movimientos en otros municipios. Que la ley habla de causas graves para desaparecer los poderes municipales, pero no establece con precisión cuáles serían tales causas.

Se ha dicho también que Cherán está en calma; que son unos cuantos los que mantienen la toma de la Presidencia; que los comercios están abiertos y que la gente sigue sin mayores problemas su vida cotidiana; que no se ven síntomas de desestabilización social.

Es necesario apelar a los hechos. Hay tres muertes que se produjeron en circunstancias totalmente extrañas que no han sido esclarecidas. En el ánimo de la gente se han incubado suspicacias de todo tipo que apuntan al Ayuntamiento. Estas sospechas se han convertido en un motivo poderoso para mantener el movimiento de oposición. Lo que procede, entonces, es que las investigaciones que se hacen de los casos hagan un deslinde expedito de responsabilidades. El pueblo de Cherán tiene derecho a saber. Pero es hora que no se han presentado resultados contundentes, en tanto la situación se tensa cada día más y amenaza con hacer estallido en cualquier momento.

Algunas voces del Congreso sostienen que no es aceptable la posibilidad de desaparición de poderes porque podría señalar un camino para otros grupos opositores en otros municipios. La cuestión aquí es más bien de enfoques. De sostener a una autoridad que se ha dejado ganar por tentaciones autoritarias, el precedente que se deja es que el Congreso estaría apoyando incondicionalmente a ayuntamientos que se convirtieran con sus acciones concretas en enemigos y represores violentos de sus propios pueblos. El pueblo tiene derecho a quitarle su apoyo a un gobierno que no responde a los intereses de sus gobernados y que cae en actitudes violatorias de la ley, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿O tienen los gobiernos garantizada su permanencia en el poder sin importar lo que hagan o dejen de hacer?

Habría que hacer un acto de reflexión profunda y traer a la memoria el caso Oaxaca. El gobierno de aquella entidad, encabezado por Ulises Ruiz, respondió con violencia, muerte, persecución y cárcel a las demandas justas que le planteaba un sector considerable de la población. El conflicto trascendió los límites del estado y quedó prácticamente en manos de las instancias federales. También se exigía la desaparición de poderes. Pero una turbia negociación entre la dirigencia nacional del PRI y el gobierno, en esos momentos severamente cuestionado, de Felipe Calderón, impidió que la razón y la justicia se impusieran. El movimiento popular sufrió entonces una represión como quizá no se veía desde las épocas más sangrientas de la dictadura de Porfirio Díaz y de los gobiernos del PRI. Y creyeron que apagando aquel fuego todo volvería a la normalidad. Pero Oaxaca está dando señales de un renacimiento vigoroso. Y es que los pueblos no olvidan.

Los comisionados del Congreso local que han visitado Cherán se han quedado sólo con la impresión superficial de la realidad. Es como el que contempla desde una posición elevada el bosque y la sensación que percibe es de total calma. No puede advertir desde allí la guerra brutal que por la sobrevivencia mantienen abajo las especies. Los diputados no fueron capaces de distinguir tampoco algo que se mantiene vivo en el ambiente, en el aire que todos respiran, en los silencios obligados, en los cambios de rutina de la gente: el temor, el miedo que se ha vuelto como humo invisible que intoxica los pulmones y los sentidos, y que empieza a transformarse en pólvora.

La gente en Cherán se siente ofendida, agredida, olvidada, víctima de una infamia que el gobierno estatal no quiere resarcir. Toda la vigilancia es para el alcalde. Pero hay algunos demonios que andan sueltos y que mantienen el acoso sobre el movimiento. Y a la gente nadie la protege. Al contrario, sigue siendo objeto de amenazas, de agresiones, de toda clase de ataques; y hasta de menosprecios oficiales. De parte del movimiento no ha habido ninguna señal que haga pensar en una estrategia violenta. Desde antes de que esto llegara a los extremos en que se encuentra, se habían seguido los caminos institucionales para que las autoridades de arriba intervinieran en serio. Pero allá dejaron que el problema avanzara y entrara a un proceso de descomposición que podría llegar a un callejón sin salida.

El conflicto de Cherán llegó a los límites de la capacidad de las autoridades municipales y ha trascendido sus propias fronteras. Pero las instancias estatales no están dando muestras de una preocupación auténtica por darle al problema la solución que demanda el pueblo. Finalmente, como lo dice la propia Constitución, todo poder emana del pueblo, de la soberanía del pueblo; es el pueblo el que delega estas funciones a representantes que se ganan en las urnas la mayoría de votos en las contiendas electorales. Pero los gobiernos pierden legitimidad cuando se divorcian de los pueblos a los que gobiernan y hasta se vuelven sus enemigos. Entonces, cuenta la voluntad del pueblo para que instancias superiores regresen esa soberanía a donde pertenece y se corrijan los caminos.