A los bosques p’urépechas los saquearon las empresas madereras

 Por: Martín Equihua Equihua

*Empresas madereras y aguacateras, los depredadores 

*Los talamontes de ahora, entre la culpa y el hambre.

La deforestación de los bosques purépechas no empezó hace algunas semanas, cuando comuneros de Tingambato retuvieron a sus pares de Capacuaro con madera robada. Después de cientos de años de vivir en esos pedazos de sierra, de sortear entre el monte las vicisitudes de su reproducción, los purés de la meseta han sido actores ciertamente, pero sobre todo testigos de cómo el arbolado ha ido sucumbiendo, sobre todo desde que, a mediados del siglo XX, aparecieron las grandes empresas madereras con las que se inició una explotación forestal de manera intensiva, permanente y rapaz, al amparo de la grotesca corrupción de las “autoridades forestales”.

No empezó cuando semanas después, comuneros de Santa Cruz Tanaco habrían disparado contra policías de Paracho y de comuneros de Cheranatzicurin que dicen defender su monte. No fue su principio, la madrugada que los indígenas de Angahuan hicieron trato con sus vecinos de Corupo para proveerlos de madera, de donde viniera; ni cuando los de San Lorenzo decidieron pasar sus hachas primero,  los serruchos dobles después, las motosierras por último, a los cerros de Zacan; ni cuando lo mismo hicieron los de Huécato con los de Cheran… pues para entonces el daño mayor ya estaba hecho.

La deforestación que parece irreversible –pero que no la es, a decir de los especialistas- inició con las compañías de apellidos notables, con los grandes aserraderos de Los Doddoli, Los Méndez, Los Rosas, Los Barragán y otros, quienes rebosantes de “legalidad” y a plena luz del día, despelucaron desde el elevado Pico de Tancitaro, hasta los cerros El Aguila, La Virgen, El Capén, El Tecolote, El Cerro Chato; y otros de Angahuan, Quinceo, Comachuen, Tingambato; hasta que alguien puso la voz de alerta.

Empezó cuando le llegaron a los indios purépecha con la promesa de comprarles todo y de pagarles bien. Cuando tales empresas de grandes aserraderos se establecieron en Uruapan, y en menor medida en Cherán y Paracho; en fin, cuando empezaron a “comprar monte”, que se convertiría después en huertas de aguacate; y cuando tales madereros empezaron a comprar lo que les vendían los medianos y pequeños talleres de sierra cinta, que se especializaron en sortear el ojo de los inspectores forestales, creando una tabla de cuotas para “mordidas”, rica en detalles y en espíritu corruptor.

Los analistas y funcionarios serios lo dicen sin rubor, y se sintetiza en lo que afirma el delegado regional de la Comisión Forestal, Estanislao Esquivel Carreño: el problema mayor a los bosques de esta región, en las partes altas ha sido el hambre y la falta de empleo; en las partes medias y bajas, el cambio de uso de suelo, fuera de toda norma. Sin embargo, agregamos nosotros, hasta ahora no se ha aplicado la ley que se pide sea estricta con los “talamontes”, es decir, el viejo dicho popular: la ley es para el jodido.

SUCIOS, FEOS Y MALOS

“¡A cómo chingan con eso de talamontes!”, dice Arturo Jiménez, quien ha tenido que aprender a vivir, y a trabajar, como las hormigas, de madrugada; “ilegal en mi mismo pueblo”, dice con cierta amargura, y todo por tener seis hijos, sin contar el que viene en camino; y por no saber leer, ni escribir, ni otro oficio más que el que le heredó su padre, que “toda la vida le vendió a don Carlos Méndez, de los más ricos de Uruapan”, y quien nunca habría tenido problemas.

Si quieren, asegura, les cambió mi trabajo a los que sólo piden que nos lleven a la cárcel; mis machucones, mis peligros con lo truenos, y el miedo de la madrugada, por sus autos o sus oficinas; o sus viáticos… ¿A poco creen que esto es bonito y que lo hacemos nomás porque somos malos? “Nooombreee, esto es una putiza, pero no hay más. Yo quería ser maestro, pero mi papá dijo que estaba loco”.

Nosotros hemos sufrido mucho señor, dice por su cuenta una vieja “talamontes” de Huecato, quien perdió un hijo en el enfrentamiento que tuvieron con militares hace tres años. Aunque ella no sube al cerro de madrugada, es quien prepara las tortillas y los frijoles “que se llevan los muchachos”, o el pollo, porque es mentira que sólo tortilla y chile se coma por acá, “también comemos carne, cuando nos va bien”. Del enfrentamiento de hace tres años no quiere hablar mucho, porque las lágrimas le ganan, y más que las lágrimas, “la muina”, porque “los mataron por buscar qué darle de comer a sus hijos; ahora aquí los tengo, cuidando los borreguitos”.

Las hormigas hablan

Sobran voces para contar cuánto accidente se ha acumulado en sus brazos, en sus piernas, en sus dedos; voces para denunciar a la “policía de caminos” y a otros que siguen con las mordidas ahora mismo; pero sobre todo para pedir que se enjuicie parejo a quienes han violado la ley, “y no solo a los indios”; pero todos quisieran mantener sobre sus vidas el manto del anonimato, porque es la única forma de trabajar y porque sus hijos tienen hambre.

Son los chóferes, verdaderos especialistas en caminos mal trazados, de madrugada y cargados; los “troceros”, que se han especializado en subir los árboles derribados al transporte; los motosierristas, que en el cerro mismo pueden convertir en tablas, vigas o tablones el árbol sacrificado. Los cuatro o cinco que se organizan por carro. Pero hay otros, cada vez menos, quienes siguen siendo simples burreros, que suben a mano limpia, por así decirlo, los trozos al burro; los que con sus “hachitas” le daban forma cuadrada a los trozos derrumbados para trasladarlos por kilómetros en su burro hasta los talleres de sierra cinta.

Las carretas de Capacuaro

Hace algunos años su tecnología se limitaba al hacha, el burro, la carreta de madera -que era un espectáculo de velocidad y riesgo, en la bajada de 15 kilómetros de Capacuaro a Uruapan- y un buen intermediario que les comprara todo. Es decir, cuando sus ingresos madereros les resultaron más atractivos que los del maíz, u otras opciones agrícolas o ganaderas que quedaron como complementarias de la necesidad casera, se arrojaron al monte, para “servir al patrón”. Antes, los carros eran sólo de “los grandes”, pero ahora se han agrupado para comprarlos y defenderse.

Es pues un trabajo de hormiga el suyo, por la forma y la hora en que ocurre, en la oscuridad de la madrugada. Es socialmente, y lo saben bien, el eslabón más débil sobre el que pesa con mayor crudeza la crítica social porque “destruyen los pulmones del mundo”, y porque, además,  son los de Capacuaro que también bloquean las carreteras, o los de Tanaco que suelen andar armados, o los de Comachuen que de por sí son broncudos, o los de Huecato que no temen a los militares, o los de Arantepacua que son unos borrachos… los sucios pues, los feos, los malos, “los talamontes”.

Pero si de rigor se trata, y sin suponer defensa alguna, valdría la pena tener siempre en cuenta que la causa mayor de la depredación forestal no ha sido la tala clandestina de la que son actores en el alto riesgo, sino el cambio forzado de uso de suelo, que representaría el ¡90%! de la misma, mientras que el 10% restante correspondería a incendios, plagas y la denostada “tala clandestina”, según estimaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, los dineros del aguacate y la madera se las han arreglado para cruzar el pantano sin mancharse, que para eso hay indios y burros sorprendidos en pleno hurto, en pillaje, mientras aquellos presumen sus permisos de explotación con los sellos y firmas bien puestos en sus sitios.

Incendios provocados: regidor de Tancitaro

Nosotros sabemos que la mayoría de incendios forestales son provocados, y así ha sido desde hace muchos años, sobre todo cuando nos enteramos que hay buenas noticias sobre el aguacate, pues quemado el bosque se hace más fácil eliminar lo que sobra, y hacer el cambio de uso de suelo, dice Alberto Zamora, regidor de Ecología de Tancitaro.

Sin embargo, el clandestinaje hormiga sigue siendo un problema en la región, porque además se siguen trabajando las cajas de empaque, y porque se sigue usando la leña y otros productos para las necesidades domésticas, “pero nada que ver con los que desmontaron todo el pico”, los que compraron cerro y madera, o sea, los mismos del aguacate, asegura el joven regidor, quien no duda ante la pregunta de quienes: “los Dóddoli”.

Están desapareciendo los ojos de agua: regidor de Cherán, Juan Fabián Juárez

En Cherán están desapareciendo los ojos de agua porque el clandestinaje ha sido intenso, y porque no hay conciencia, y no sabemos si las nuevas generaciones vayan a ser capaces de detener esa destrucción de la vida, asegura Juan Fabián Juárez, regidor de ecología.

Y Juan introduce un nuevo elemento importante, la Comisión Federal de Electricidad, que tendría que ver mucho en el fomento del clandestinaje, porque son ellos quienes han hecho “las bajadas trifásicas” con las que se operan los aserraderos, que son muchos y todos clandestinos; si les facilitaran la energía eléctrica sólo para uso doméstico, asegura el miembro del cuerpo edilicio cheranense, no podrían trabajar las sierras-cintas, por eso “pido a las autoridades correspondientes que pongan una atención a estas bajadas trifásicas, que vean por qué las autoriza la comisión”.

Pero en realidad el problema es más de fondo, asegura Fabian Juárez, pues se trata de la falta de empleo, y de que los gobiernos no crean que es sólo enviar policías; por eso los comuneros de Arantepacua y de Quinceo “nos siguen robando” lo poco que nos queda de bosque. Nosotros no acusamos a Santa Cruz Tanaco, porque a ellos mismos les han saqueado los de Urapicho y hasta los de Capacuaro que ya están llegando hasta acá. Mientras no haya trabajo, seguirá el clandestinaje, y los aserraderos y su energía trifásica seguirán; aunque los aserradores “ya están buscando una opción legal”.

Los Compañía Hermanos Doddoli, depredó “legalmente” gran parte del cerro más alto de Michoacán, el Tancitaro

(Segunda parte)

Durante cientos de años los indígenas purépechas se han servido del bosque para sus necesidades diversas, tanto domésticas, como espirituales y otras. La forma tradicional de relacionarse con los cerros se modificó cuando se introdujo la necesidad del mercado, cuando aparecieron los intereses extra regionales, entre los que destacan significativamente los grandes industriales de la madera, quienes se han quedado con el mayor volumen y ganancia, a cuenta de un sistema de vigilancia que alcanzó niveles de corrupción ridículos.

Junto a ellos se desarrolló toda una red de pequeños aserraderos, carpinterías, y ciertamente que una camada de “taladores hormiga”, que no cesa; que en conjunto giraron en torno de las necesidades de acumulación de las grandes empresas, cuando menos hasta principios de los años 90, cuando el mercado habría entrado en crisis, y la materia prima se hubo escaseado.

Pero no fue gratuita su presencia, es cierto, el contexto lo exigía, les fue  favorable, porque entonces las preocupaciones ambientales no eran sino exquisiteces de académicos y de otros estudiosos, o de artistas, como algunos pintores uruapenses que advertían los riesgos para el futuro. Así, la depredación estuvo respaldada por la creciente demanda de productos madereros y de buenos precios de mercado, cuando menos hasta principios de la década pasada; además de una administración forestal que pronto se convirtió en beneficiaria ilegal, directa, desvergonzada, por decir lo menos, que facilitó la depredación a gran escala. La apertura de caminos a cargo del Estado, fue otro elemento clave; y por su puesto, la ausencia de  opciones productivas para los dueños del cerro, los “dueños de a mentiras”, como dice alguien.

Madereros y políticos

Los grandes industriales madereros, a quienes poco ha interesado el servicio ambiental del bosque, se han aprovechado “inteligentemente del clandestinaje de la gente pobre”, nos dice el investigador José Álvarez Silva; pero no sólo eso, sino que han sido piezas claves del escenario político regional y estatal; han sido presidentes municipales, diputados locales y federales, e incluso, “algunos gobernadores no han escapado a la coparticipación como accionistas en las explotaciones mas poderosas y mejor tecnificadas como la Promotora Forestal de Michoacán”, sostiene Álvarez Silva en su tesis de maestría presentada en el Colegio de Michoacán hace un par de décadas.

Este sector privilegiado, “en forma muy discreta, sin hacer tanto ruido”, aportó sus cuotas para que se les permitiera trabajar “legalmente”, pero lo hizo (¿hace?) “al más alto nivel”, por lo que nunca se supo, ni se ha sabido, que les clausuren sus talleres, o que les hayan aplicado otras sanciones por infracción a la normatividad forestal, “siempre aparecen limpios… porque es mucho el poder que los rodea”, dice el citado investigador. Así, con esa rebosante legalidad, los bosques de la meseta han sido mayormente explotados por la industria privada, como muestra un recuento de los aprovechamientos autorizados, donde destacan con más del 70 por ciento los de carácter privado, sobre todo si concedemos que la explotación ilegal es similar en volumen a la autorizada.

Entonces, gran parte del volumen de madera y derivados que han salido de la región, han sido a cuenta de este sector que ha usado como simples peones a los “dueños de los bosques”; sus capitales introdujeron técnicas de extracción más rápida, y compraron enormes extensiones de terrenos boscosos que hoy son prosperas huertas de aguacate; mientras la justicia anda persiguiendo y escandalizando contra los “talamontes”.

La Compañía Hermanos Doddoli

El caso más claro y grotesco en su presunción de legalidad, es el de la Compañía Hermanos Doddoli que devastó grandes áreas del cerro de Tancitaro: “Nos íbamos con mi cuadrilla hasta por 22 días, y allá nos quedábamos a puro tumbar y tumbar árboles”, dice un veterano motosierrista, “el jubilado”, quien trabajó con ellos por cerca de 20 años, pero él, en realidad, no se queja de nada: “siempre nos pagaban puntuales”. Noche y día se las arreglaban las brigadas para no dejar de hacer zumbar sus sierras, a razón de un camión de trozo por hombre.

Por mínimo, se iban por dos semanas, en las que les asignaban su zona, y a darle, “zummmmmm”, recuerda “el jubilado”; “tumbábamos, desramábamos y cortábamos en trozos para el tamaño de los carros”. Periódicamente les llevaban alimentos, y por allá, en sus campamentos improvisados, hacían vida; “algunos sí pasaban mucho frío, pero eso era por pendejos, no por culpa de los Doddoli, porque las cobijas las llevaba uno de su casa”.  Lo más peligroso de su trabajo, cuando los troncos caían a las barrancas, tremendo pleito para sacarlos.

Alguien más, que trabajó en el aserradero que debe ocupar alrededor de 20 hectáreas en Uruapan, nos recuerda que eran “montañas impresionantes de madera, pero ahora eso ya se acabó”, dice, y que las máquinas se mantenían encendidas a todas horas, especialmente la Estufa de Secado, la primera que se usó en la región.

Habría que decir que hay quienes afirman que “los Doddoli trabajaron siempre en forma legal, y tan es así que hasta quebraron”.

El mercado es el mercado, ni modo

Pero como dijimos, la industria obedeció a las necesidades del mercado; a la creciente demanda de papel, celulosa, cajas de empaque, y especialmente de productos madereros para la industria mueblera y de la construcción, en momentos en que las ciudades medias se desbordaban, a propósito del proceso de emigración del campo a la ciudad, que se profundizó desde la década de los sesentas. Se trató de un hambre bárbara de productos forestales, con las fauces abiertas en ciudades como México, Guadalajara, Morelia y Uruapan, entre otras, que se consolidaron como mercado de los productos regionales.

Hasta principios de los 90 es que la industria habría tenido problemas, por la competencia comercial ante una frontera abierta, por un lado, y por la escasez de materia prima por otro, lo que llevó al cierre de grandes aserraderos y de talleres sierra cinta, astilladoras, carpinterías; hoy, por ejemplo, el aserradero de los Dóddoli, como en general, se mantiene en operación muy por debajo de su capacidad instalada. Todos, pequeños y grandes, enfrentaron crecientes problemas de comercialización, de financiamiento, de abastecimiento de materia prima, sociales, técnicos; e inevitablemente, de crítica, de acusaciones de una conciencia ecológica que ha contracorriente ha ido ganando terreno; y en consecuencia, la aplicación de la ley empezó a ser menos permisible.

Pero los chicos no se pueden ir tan fácil

Junto a los grandes empresarios se amplio una red de pequeños y medianos aserradores, que poco a poco fueron adquiriendo un poder económico determinante en las regiones, sobre todo por tratarse de gente de las propias comunidades, con marcada influencia en las estructuras de poder; quienes además, en ciertas micro regiones, se han organizado como verdaderas bandas para mantenerse. Y en torno de ellos, siguen operando los sucios, feos y malos, los “talamontes”, el eslabón más débil.

Si los grandes movieron sus capitales de la madera al aguacate, los medianos y pequeños no cuentan con esa libertad de movimiento, salvo los que emigran; por eso, como ya se ha dicho, esto no es asunto de policías.

Es decir…

Sin embargo, como lo sugieren algunos estudiosos, una reforestación restauradora es posible, pero involucrando como actores centrales a los “dueños de a mentiras”, generando empleo, como se ha dicho un millón de veces, y bajo una bolsa de recursos múltiple.

A decir de los que saben, la deforestación de la meseta alcanzaría cerca de 125 mil hectáreas, de las 680 mil que tiene de superficie forestal, en los municipios de Charapan, Paracho, Cherán, Nahuatzen, Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Tingambato y Tancitaro -sin considerar Taretan y Ziracuaretiro, según la última regionalización-; y aunado a ella habría una marcada erosión de suelos, agotamiento de manantiales, disminución de los escurrimientos y una creciente contaminación por las toneladas de productos químicos que demanda la industria aguacatera, entre otras.

El ritmo de su deforestación sería del orden de 200 has por año, y cerca de 20 comunidades habrían perdido ya la totalidad de sus recursos forestales, pero no sus oficios de artesanos, ni siquiera su ocupación de vender madera, y no son magos, por supuesto que no.

Las plantaciones comerciales, una alternativa real: INIFAP

“La situación sí es muy seria en la meseta, porque el comunero no tiene de donde vivir, no tiene otras alternativas de donde obtener dinero” , nos dice Ignacio Vidales, Jefe del Campo Experimental de INIFAP, quien no tiene duda en afirmar que “sí hubo una enorme corrupción, eso se veía, era muy fuerte”; mucha corrupción y deficiencias metodológicas para tomar decisiones sobre los aprovechamientos, “se autorizaban sin razón técnica”, sostiene, pero ahora ya hay productos de investigación y métodos al servicio de quienes deciden.

Pero en realidad, dice el investigador, la demanda de la madera está una vez más en auge, no en crisis; y no sólo de la madera de zonas templadas sino de las tropicales. Asegura que hay una demanda “desorbitante”, pero que la materia prima sigue a la baja; por ejemplo, la capacidad instalada de la comunidad de San Juan, su velocidad de extracción sobrepasa la velocidad de renovación del recurso, “ese es el gran problema”, por lo que deberá de retomarse una estrategia de plantaciones con una verdadera perspectiva social y comercial, “es posible, claro, hay tecnología y hay recursos”.

El estado de la industria

En la región habría más de mil 500 industrias que trabajan productos forestales o derivados, entre grandes, medianas, pequeñas y micros, pero sólo estarían registradas alrededor de 900, de las cuales una tercera parte estaría en Uruapan, y el resto fundamentalmente en Paracho, Cherán y Nahuatzen. La principal modalidad son los talleres sierra-cinta, que representarían tres cuartas partes, quienes junto a los grandes aserraderos consumen cerca del 80 por ciento del volumen aprovechado legal e ilegalmente; del resto, las carpinterías consumirían un 10 por ciento.

Hasta hoy, el producto de los talleres de sierras-cinta sigue siendo las cajas para empaque, principalmente de aguacate, melón, limón, y jitomate de Sinaloa,  estimándose una producción anual de 12 millones de piezas. Otro destino de la madera legal o ilegal, lo constituye la artesanía local, especialmente de Paracho, Cherán, Nahuatzen y Uruapan; y persisten los usos como combustible y otros domésticos.

Pero como hemos sugerido en estas dos partes, una pieza clave fue la corrupción de las “autoridades forestales”, como lo veremos en la tercera entrega de mañana. La clave entre inspectores y aserradores medios, para saber que un alto funcionario forestal haría una revisión, era que “va a venir el santo patrón”, lo que quería decir, “preparen la fiesta”. Ya veremos.

Los forestales corrupción pura

(Tercera parte y ultima parte)

El bosque fue una fuente de enriquecimiento ilícito para los administradores forestales que traicionaron su deber institucional, y con ello atentaron contra las generaciones del futuro; también lo fue para los grandes industriales de la madera, como ya ha sido expuesto. Muchos de ellos confluyen hoy en el próspero negocio del “oro verde”. En términos del investigador José Álvarez, en su ya citada tesis de maestría para el COLMICH, presentada hace un par de décadas, “el bosque explotado clandestinamente se ha convertido en una gallina de los huevos de oro, tanto para los industriales de la madera como para los forestales corruptos”, quienes solaparon la ilegalidad, y no sólo eso, sino que la alentaron.

Charapan, el botón de muestra

Cuando María era una niña – ahora ronda los cuarenta años- su padre instaló uno de los primeros aserraderos en Charapan; después se unió con otros y formaron la Unión de Madereros, en principio para buscar mercado y para procesar la tramitología juntos; después para defenderse de la extorsión, pero no hubo más remedio y le tuvieron que entrar al sistema de mordidas.

Para ella, como para sus hermanos, como para toda su generación, “los forestales” eran un terror, sobre todo porque sin comprender mucho sentían los miedos del papá, “y ya que tu papá tenga miedo, es como quedarte sin protección siendo un niño”, nos cuenta, y por eso ellos, los niños, a diferencia de los adultos, no fingían cuando en sus casas tenían que preparar las “comilonas” para los presuntos inspectores; “hasta llegamos a pensar en envenenarlos, o hacerles algo”, porque sabían que aquel ambiente artificial de fiesta no correspondía a la realidad. En los hechos, si había mordida “trabajabas normal”, si no, a vigilar los caminos para esconderse una vez que veían el polvo de los Jeeps.

Y las cuotas no eran esa fórmula urbana de dar discretamente unos cuantos pesos “para el refresco”, sino verdaderas tarifas sujetas periódicamente a negociación. Así, los chóferes de los camiones transportadores de trozo  “ilegal”, para entrar a la comunidad esperaban a que se hiciera de noche para entonces acercarse a los campamentos de la “autoridad forestal” y dejar su “cuota” de cinco mil pesos por camión, para que les permitieran trabajar los troncos en los aserraderos.

El estudio citado del investigador Álvarez Silva, en referencia a la misma comunidad, asegura que en 1985 había 33 aserraderos, de los cuales 20 trabajaban de manera intensiva, lo que quiere decir que procesaban arriba de un camión diario de trozo, que a razón de cinco mil pesos de cotización, implicaba mordidas diarias al campamento del orden de 100 mil pesos. Eso explica porque incluso los agentes forestales se peleaban por las guardias nocturnas, y por qué las plazas se ofertaban, se vendían, se compraban, se regateaban.

Pero, además, la madera transformada en caja de empaque, pagaba, al mismo campamento, 10 pesos por caja, o cuatro mil pesos por camión, “como se prefiera”, en un esquema de aportaciones donde la tarifa más alta correspondía a los camiones que “dobleteaban” cargas con la misma documentación, cuya tasa era de 20 mil pesos por viaje. Así, y sólo para el caso de la comunidad serrana, los forestales tendrían un ingreso semanal superior a un millón y medio de pesos, de hace 20 años, si consideramos que a la semana salían en promedio 20 camiones cargados con algo más de 80 mil cajas.

El modelo era el mismo con el que se operaba en los demás campamentos instalados a las afueras de los pueblos madereros, sin contar las casetas de vigilancia de acceso a las zonas urbanas, donde se tenían que pagar de 10 a 20 mil pesos por camión, como en Uruapan, Los Reyes, Zamora, Pátzcuaro etc.

“Mi papá y todos los de la Unión ya sabían -señala María -, por eso siempre llevaba su reserva para las mordidas, porque era algo muy puntual”. Pero no todo se limitaba a dejar pasar las unidades, sino que cuando eventualmente había “una revisión de México”, los propios vigilantes se encargaban de dar aviso a los aserraderos para que suspendieran actividades y escondieran máquinas y madera, “ellos mismos ayudaban en sus camionetas a los traslados de madera, o a arrastrar en sus propios Jeeps para las orillas del pueblo”. Y cuando el inspector de México o de Morelia “jalaba con ellos”, los jefes de campamento pedían a los madereros que les armaran unas comilonas impresionantes, que hasta por eso decían, “va a venir el Santo Patrón”. Otros movimientos importantes eran los relevos de los delegados regionales, “después del cambio todo se ponía más difícil, pues no sabían si el nuevo iba a jalar, y si los inspectores se iban a quedar”, por eso hacían más retenciones, “tratando de aparentar”. 

A pesar de que no todos los aserraderos operaron ilegalmente, lo que es un hecho es que sí todos trabajaban con madera ilegal, y que gran parte de ellos sólo eran maquiladores de los grandes industriales quienes tenían sus propias formas de agasajar a las “autoridades forestales”. Incluso, habría que decir que quienes quisieron trabajar de manera legal, fueron sometidos a los procedimientos corruptos por el aparato burocrático que ya se había constituido; no estaba en sus planes perder ingresos fáciles. Habría que decir también, que muchos de los administradores forestales de antes, son ahora prósperos aguacateros o políticos que se hartan con discursos de honestidad, de los que en el pasado combinaron sus actividades con la compra de monte y aserraderos, para el trafico directo de los productos forestales.

Pero no siempre fue así, como que muy funcional todo, pues cuando no querían pagar las mordidas, les detenían ciertamente los camiones en las casetas, y se metían en grandes líos de acusaciones mutuas, pero los madereros cedían casi siempre porque al fin de cuentas les resultaba más barata la mordida; y si de plano no tenían la cuota que fijaban los forestales, tenían que salir de madrugada por otros  caminos, “pero sólo con carros chicos. La gente hacía chistes diciendo que los pinches forestales no fiaban”, señala María.

Elementales ideas del orden

Hace unas semanas, el Jefe del Orden del poblado 18 de marzo, anexo de la comunidad indígena de Zicuicho, al ser exigido de que parara la tala clandestina, que para eso era justamente el jefe del orden, preguntó, “¿Y de qué van a vivir?”, y dejó caer una lección que merece que la tengamos en cuenta todos: “ese no es el orden que yo quiero cuidar, con los árboles de píe y la gente muriéndose de hambre, ese no es orden, ese es desorden… si los detengo, me van a matar”, entonces los asistentes institucionales pidieron pasar a otro punto del orden del día.

La defensa de su patrimonio, de su camioneta, de su hacha, de su árbol, así sea ilegal, como le dicen, ha sido de subrayar en Sevina, San Lorenzo, Capacuaro, Huecato, Cheranatzicurín y otros sitios. No es una historia exclusiva, es cierto, pero debe tenerse en cuenta cuando de satanizar a “los talamontes” se trate, porque hoy mismo, habría que reconocer que aquellas comunidades acusadas de depredadoras son justamente las que no han contado con fondos capaces de generar alternativas económicas reales, más allá del discurso y de los parches intrascendentes llamados proyectos productivos; se trata de una región donde