Los mexicanos debemos preocuparnos. La sucesión de atentados recientemente perpetrados a ductos de PEMEX constituyen una señal de alerta social. A más de los innumerables problemas que sacuden a nuestro país, intempestivamente han surgido uno o más grupos que más allá de cualquier derecho a la resistencia civil, comienzan a ejecutar actos de terrorismo. Lo que origina una situación grave. Sobre todo cuando el Presidente en el poder aún no es legitimado por una buena parte de la población y cuando en el poder legislativo se la representación de un grupo político que rechaza sin más cualquier iniciativa por el hecho de que emane del grupo en el poder. Así acotado, las capacidades de maniobra del Poder Ejecutivo se reducen. Lo mismo que su capacidad de respuesta a actos terroristas que pueden sin más emprender una espiral de violencia de por sí difícil de frenar.
 
       Esas explosiones en los ductos de gas a más de que han dejado sin suministro a las manchas urbanas circunvecinas, a quien de veras dañan es al Estado. Porque le apuntan al corazón. Por desgracia, otea en el horizonte la actuación criminal de grupos organizados cuyo propósito político es crear alarma social. Su objetivo consiste en subvertir el orden constitucional alterando gravemente la paz pública. Su estrategia: doblegar al Gobierno para que satisfaga sus demandas, así consideren necesario volar ductos, volar vidas, violentar derechos de terceros. Se trata entonces de la llegada del odio institucionalizado. Acuse de llegada del crimen organizado cuyo tejido puede sumar en la clandestinidad a delincuentes comunes, a luchadores sociales, a partidos políticos, a narcos y quizá, hasta grupos del terrorismo internacional que nada tienen qué ver con lo que de veras le importa a los mexicanos.
 
 Destruir resulta fácil. Afectar de esa manera, cuesta poco y daña mucho. Quedan en desventaja sociedad civil y sus gobiernos democráticos. No cabe duda, el terrorismo actúa a escondidas y, siempre, con premeditación y ventaja. Recluido en la clandestinidad no sería de extrañar que en público se vista de ciudadano común, de próspero empresario, de institución de beneficencia, de partido político, de defensor de la justicia y hasta de salvaguarda de los derechos humanos. De ahí que al terrorismo le resulte fácil sumar a sus filas y finalidades a grupos civiles que no son ni buscarían jamás “ser terroristas”. Y es que, así se valga del asesinato, del secuestro, del atentado y demás, siempre reviste su acción de causas legítimas. Para el terrorismo el fin justifica los medios. Cualesquiera que éstos sean. Por eso ahora aparece el EPR violentando el estado de Derecho, en tanto exige sin más la libertad de algunos de sus presos.
 
      El Ejército Popular Revolucionario, cabe recordar, es la organización guerrillera que reivindica la autoría de esos atentados terroristas. Al asentar sus bases en Michoacán y Guerrero, nos queda en casa. De hecho tiene una cara pública: el PDPR o Partido Democrático Popular Revolucionario. Y, que quede claro: también debe tener muchas caras ocultas. Por eso en tanto los mexicanos debemos preocuparnos, los michoacanos debemos ocuparnos. Jamás compartiendo sus métodos. Pero sí, muchas de sus causas. Las que si denominamos marginación, miseria e injusticia social, nos toca corregir sin más y con todas nuestras fuerzas. Porque resulta trágicamente significativo que mientras en México se halla el asiento del hombre más rico del mundo, cundan los hogares de los que no han tenido ni tienen otra cosa que la ofensa histórica del despojo de sus derechos y tierras. Que no es otro el caso de los marginados urbanos. Y de los grupos indígenas. Entre éstos, la Nación P´urhépecha. Grupos humanos que en nuestro Estado constituyen la mayoría más noble de los michoacanos.